El Gobierno Nacional impulsó este lunes una transformación estructural del sector eléctrico mediante el decreto 450/2025, publicado en el Boletín Oficial. La medida elimina barreras regulatorias para fomentar la competencia entre proveedores y atraer inversiones privadas, en paralelo a un ambicioso plan de expansión de la infraestructura de transporte.

Entre los cambios destacados se incluyen: la apertura total al comercio internacional de energía (solo limitada por objeciones técnicas o de seguridad), el restablecimiento de contratos directos entre empresas privadas -revertiendo normas de 2013-, y la garantía de libre elección de proveedor para los usuarios. Además, se establecen nuevos requisitos de transparencia en las facturas, que deberán detallar exclusivamente los servicios contratados.

La reforma se complementa con un plan de obras prioritarias que prevé agregar 5.610 km de líneas de transporte (un 38,3% más que la red actual del SADI), con una inversión estimada en US$6.600 millones. Estas ampliaciones, que buscarán resolver cuellos de botella en el sistema, serán financiadas y ejecutadas por privados mediante esquemas de concesión.

Las autoridades fijaron un período de transición de 24 meses para implementar gradualmente los cambios, durante el cual se adaptará la normativa complementaria. El Ministerio de Energía destacó que el paquete de medidas busca "dar previsibilidad al sector" y "mejorar la eficiencia" mediante mayor participación del capital privado.

La desregulación llega en un contexto de creciente demanda energética y necesidad de modernizar la infraestructura. Según datos oficiales, el SADI requiere urgentes ampliaciones para evitar sobrecargas, especialmente en regiones con alto desarrollo industrial y nuevas inversiones productivas.