El gobierno argentino solicitó formalmente a la jueza federal de Nueva York Loretta Preska la suspensión del fallo que ordena transferir el 51% de las acciones de YPF a dos fondos de inversión. La demanda, iniciada tras la expropiación de la petrolera en 2012, podría costarle al Estado USD 16.000 millones. En una carta enviada este miércoles, la administración de Javier Milei adelantó que presentará una "apelación formal" en los próximos días y destacó el respaldo del gobierno estadounidense a su postura.

Según Sebastián Maril, especialista en litigios internacionales, Argentina argumentó que la suspensión es "crucial" y advirtió que, de ser denegada, acudirá a un tribunal superior. Fuentes oficiales remarcaron que el fallo –emitido el lunes por Preska– es de "cumplimiento imposible" en su forma actual. "No hay posibilidad alguna de acatarlo mientras sea una decisión de primera instancia", afirmó un vocero de la Casa Rosada.

La Procuración del Tesoro evalúa llevar el caso directamente a la corte de apelaciones, segunda instancia en el sistema judicial estadounidense. Paralelamente, el gobierno descartó negociar con Burford Capital –principal fondo demandante– hasta que no exista una resolución definitiva. La estrategia legal apunta a reducir el monto de la indemnización, alegando fundamentos jurídicos para su revisión.

El conflicto revive el litigio por la estatización de YPF, cuando Argentina nacionalizó el 51% de las acciones en poder de Repsol. Ahora, la disputa se centra en si el país debe compensar a accionistas minoritarios que alegan pérdidas. Mientras la jueza Preska analiza el pedido de suspensión, el gobierno insiste en que el fallo actual vulnera su inmunidad soberana y carece de sustento legal.