El Honorable Concejo Deliberante de Las Talitas avanzó con un proyecto de ordenanza que autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) a ejecutar, mediante contratación directa, una serie de obras sobre la calle William Cross.

Se trata de una arteria estratégica, cuyo deterioro estructural ha generado reclamos vecinales y complicaciones crecientes en el tránsito. El tramo afectado conecta con la Avenida Francisco de Aguirre y cumple una función esencial como vía de salida del ejido urbano.

La propuesta es de los concejales Carolina Ortiz, Maximiliano Suelza, Víctor Hugo Safe, Roberto Martín y Gonzalo Yunoki. El texto original fue modificado en comisiones para establecer que la medida de contratación directa será por única vez y de manera excepcional, en línea con las exigencias legales.

El dictamen del asesor legal del HCD, Federico Lima, sostiene que, aunque el régimen municipal establece que las obras deben adjudicarse por licitación pública, “la Constitución Provincial y la Ley 5854 permiten excepciones por razones especiales de bien público, debidamente justificadas”.

De este modo, el Ejecutivo queda habilitado a realizar tareas de perfilado, pavimentación, bacheo, señalización y escurrimiento pluvial en la zona. La intervención fue declarada de interés público y estratégico, y deberá contar con la debida documentación técnica y presupuestaria.

Críticas de la oposición: ¿la obra ya fue hecha?

Los concejales Miguel Ramos y Juan García emitieron un dictamen alternativo con cuestionamientos. Según su presentación, la obra de pavimentación en William Cross ya habría sido ejecutada y finalizada a fines de mayo, antes incluso de que se aprobara la ordenanza.

“Resulta necesario comprender por qué se solicita una autorización formal para una obra que aparentemente ya se hizo”, señalaron. Además, exigieron al Ejecutivo Municipal —a cargo de la intendenta Marta Najar— un informe detallado con las fechas precisas de inicio y finalización de la obra, los contratos firmados, los pagos realizados y el valor por metro cuadrado de la ejecución.

También solicitaron que el expediente “vuelva a comisión” para despejar cualquier sospecha y evitar posibles irregularidades. La oposición apunta a que podría haber una intención de regularizar, a posteriori, una contratación directa ya consumada, lo que abriría interrogantes en materia de transparencia y legalidad.

Mientras algunos sectores ven con buenos ojos la medida por su impacto inmediato, otros alertan sobre la falta de claridad administrativa y piden prudencia: la urgencia no debe volverse costumbre, y las excepciones no deben reemplazar las reglas.