La exintendenta de la Capital riojana y actual vicepresidenta de la Unión Cívica Radical (UCR), Inés Brizuela y Doria, fue detenida durante la noche del pasado jueves en el marco de una asamblea del Colegio de Farmacéuticos de La Rioja, una institución que atraviesa una profunda fractura interna. La dirigente ejercía allí como abogada defensora de un vocal de la entidad.

El episodio se desencadenó por la presencia de Jorge Bordón, vocal del colegio, sobre quien pesaba una orden judicial de restricción por una denuncia de violencia de género. Según los reportes locales, Bordón asistió a la reunión pese a que una medida cautelar del Juzgado de Protección de Personas le impedía acercarse a la presidenta de la institución para evitar hostigamiento.

Ante esa situación, se solicitó la intervención de la fuerza pública. Durante el procedimiento dentro del recinto, Brizuela y Doria –que actuaba en representación de Bordón– mantuvo discusiones con los efectivos policiales y cuestionó la legalidad de la detención de su cliente. Finalmente, la exjefa comunal también terminó bajo custodia.

Denuncias de abuso de poder y críticas al fiscal

Desde su cuenta en la red social X, la abogada calificó lo ocurrido como un “abuso de poder” y un atropello al libre ejercicio de su profesión. Sostuvo que el fiscal actuante, Luis González, habría dado una orden verbal sin respaldo de un escrito formal, y acusó a la Justicia de convertirse en un “brazo ejecutor” de los intereses del gobernador Ricardo Quintela.

En declaraciones a medios riojanos, Brizuela y Doria adelantó que impulsará un Jury de Enjuiciamiento contra el funcionario judicial y que presentará recursos legales para revertir la prisión domiciliaria que se le impuso a Bordón.

La mirada de la oposición y el repudio radical

Para sectores de la oposición provincial, el hecho se interpreta como un acto de persecución política: la policía vinculada al gobierno de Quintela se habría llevado en un patrullero a la vicepresidenta de la UCR.

Tanto el Comité Nacional como el local de la Unión Cívica Radical manifestaron su absoluto repudio al operativo. El partido centenario lo tildó de persecución contra quienes piensan distinto y acusó al oficialismo provincial de utilizar el aparato del Estado para beneficiar a sectores aliados y amedrentar a la oposición mediante procedimientos arbitrarios.