Roque Giménez, conocido en Alberdi primero como "Chipi" y luego como "Lázaro Báez", es hoy el centro de una compleja investigación judicial que abarca coacción agravada, narcotráfico, lavado de activos y asociación ilícita. Su abrupto ascenso económico —de humilde verdulero y remisero a empresario constructor con contratos públicos— llamó la atención de vecinos y fiscales. El caso ya involucra a exfuncionarios como el exintendente Luis Campos y la legisladora Sandra Figueroa.

Su transformación comenzó en 2022, cuando fundó Giménez Consulting Groups SAS junto a su madre, Susana del Valle Argañaraz. Aunque la empresa recibió múltiples contratos directos de la municipalidad —como la construcción de un centro comunitario y una sala velatoria—, la oposición denunció opacidad en las adjudicaciones. "Tuvimos que ir a la Justicia para acceder a la información", afirmó el exconcejal Adolfo Díaz Chavero.

Sin embargo, su relación con el poder es ambigua: Giménez denunció a varios funcionarios por malversación y amenazas, pero luego su firma obtuvo obras clave de la gestión de Figueroa. Una grabación filtrada lo vinculó a un presunto intento de extorsión a Campos. El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz investiga si esos contratos sirvieron para blanquear dinero ilícito, aunque Giménez aún no está formalmente imputado en esa línea.

Mientras la Justicia avanza, el apodo de "Lázaro Báez" —en alusión al empresario kirchnerista— se consolidó en Alberdi como un símbolo de su enigmático enriquecimiento. Hoy, su caso expone los entresijos de una trama que mezcla política, negocios y sombras judiciales en el sur tucumano.