La diputada nacional Paula Omodeo (CREO) y el economista Pablo Michel presentaron este lunes un informe que revela retiros en efectivo por $45.000 millones (USD 90 millones) en cuatro municipios tucumanos gobernados por el peronismo entre 2022 y 2023, coincidiendo con el período electoral. El documento —analizado en la Facultad de Derecho de la UNT— detalla que Banda del Río Salí, Famaillá, Monteros y Lules realizaron extracciones "inusuales" sin justificar el destino de los fondos, ahora investigados por la Justicia Federal por presuntos delitos de lavado de activos y peculado.

El estudio vincula estos movimientos con el "Pacto Fiscal" vigente desde 2000, mediante el cual los municipios reciben adelantos provinciales a cambio de ceder parte de su coparticipación. Señala como caso emblemático a Banda del Río Salí, donde se retiraron $17.256 millones (USD 35 millones) mientras Darío Monteros —hoy ministro del Interior de Jaldo— era intendente. "Ese dinero pudo financiar campañas de su hijo Gonzalo (actual intendente), su esposa Gladys Medina (diputada nacional) y el propio Jaldo", acusó Omodeo ante estudiantes y profesionales.

La investigación destaca que los retiros se aceleraron en abril de 2023, cuando la provincia adelantó fondos para salarios antes de las elecciones suspendidas por la Corte. Incluso menciona el "Operativo Mochila", donde cadetes policiales trasladaron dinero en efectivo desde el Banco Macro a Casa de Gobierno. "No es un error administrativo, es un delito organizado que vació municipios para llenar urnas", afirmó la legisladora, cuyo partido exige investigar el circuito del dinero.

PROCELAC ya había alertado sobre estas operaciones en su denuncia original, destacando la falta de documentación que acredite el uso legítimo de los fondos. Omodeo insistió en que el objetivo es "que los tucumanos conozcan cómo se usan sus impuestos", mientras el gobierno provincial no se pronunció sobre las acusaciones.