La Cámara de Diputados iniciará hoy a las 16 hs el debate clave para reformar la Ley Penal Juvenil, con un proyecto que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y establece un sistema de sanciones escalonadas. Impulsado por el oficialismo (LLA, PRO, UCR e Innovación Federal), el texto busca consenso en torno a los 14 años —aunque sectores del Gobierno preferirían fijarla en 13— y propone penas máximas de 20 años, excluyendo la prisión perpetua para menores. La oposición (UxP, izquierda) y organizaciones de DDHH rechazan la iniciativa, posición a la que se sumó el obispo Dante Braida: "El encierro no ataca las causas".

El proyecto —analizado en 9 reuniones previas— introduce medidas alternativas al encarcelamiento: desde institutos especializados hasta servicios comunitarios, monitoreo electrónico y reparación del daño. También crea la figura del "supervisor" para acompañar procesos de rehabilitación y permite revisar las condenas al cumplir dos tercios de la pena. "Buscamos responsabilidad penal pero con enfoque educativo", explicó la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (PRO).

La iniciativa divide aguas incluso dentro del massismo: mientras Ramiro Gutiérrez (UxP) apoyaría bajar la edad a 14 años, su bloque rechaza el modelo. El oficialismo apura el dictamen para tratar la reforma antes de fin de mes, aunque enfrenta resistencias técnicas: el Presupuesto 2024 no asigna fondos para implementar los nuevos institutos de detención juvenil ni los programas de reinserción propuestos.

Mientras organizaciones sociales alertan sobre "criminalización de la pobreza", el Gobierno insiste en que el régimen actual es "permisivo". El texto final podría incluir compromisos de inversión en infraestructura carcelaria juvenil, uno de los puntos que negociarán hoy los bloques. De aprobarse en comisiones, la reforma llegaría al recinto en las últimas sesiones de mayo, donde necesitará mayoría simple (129 votos) para convertirse en ley.