En un esfuerzo conjunto, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de Tucumán encabezó la conformación de una comisión interdisciplinaria para abordar la compleja temática de las contravenciones policiales. Este trabajo culminó en la creación de un instructivo de buenas prácticas, cuyo objetivo es garantizar que los procedimientos policiales se ajusten a los principios constitucionales y promuevan una convivencia social más justa y respetuosa.   La abogada Analía Castillo de Ayusa, quien presidió esta comisión, destacó la composición diversa y altamente calificada del grupo de trabajo, que incluyó representantes de la Jefatura de Policía, asesores legales, relatores de la Corte Suprema de Justicia y académicos. "Fue un proceso que nos obligó a retrotraernos en la historia de Tucumán y evaluar críticamente las normativas vigentes. Celebramos esta iniciativa, que demostró ser una experiencia enriquecedora para todos los participantes", expresó.   Por su parte, Javier Villafañe, jefe del Departamento Judiciales de la Policía de Tucumán, valoró la inclusión de la fuerza en estas discusiones. "Es la primera vez que se nos convoca para aportar nuestras perspectivas sobre la Ley de Contravenciones. Este instructivo es el puntapié inicial para una legislación que fomente la convivencia social y se aplique dentro de los parámetros de la democracia", señaló. Además, enfatizó que el proceso ya ha generado cambios positivos en los procedimientos policiales, destacando una drástica reducción en los recursos de habeas corpus relacionados con contravenciones.   El secretario de Justicia y Derechos Humanos, Mario Racedo explicó que el instructivo está inspirado en los principios del nuevo Código Procesal Penal de la provincia, adaptados a la materia contravencional. "Aunque no tiene valor de ley, es una herramienta fundamental para asegurar que los operadores actúen conforme a la Constitución. Esto representa un salto cualitativo en la calidad institucional y deja atrás una normativa heredada de la dictadura", afirmó.   El instructivo incluye lineamientos claros para garantizar los derechos de las personas detenidas por contravenciones, como la notificación inmediata a un familiar, el acceso a un defensor y la celebración de audiencias breves. Este enfoque busca humanizar el trato hacia los ciudadanos y promover un sistema más transparente y eficiente.   Con esta iniciativa, Tucumán da un paso significativo hacia la modernización de su legislación y el fortalecimiento de la convivencia social.