La Fiscalía de Estado de Tucumán presentó una denuncia penal contra personas no identificadas que ofrecían terrenos fiscales en la villa turística de El Cadillal a través de la red social Facebook. La maniobra, que según las primeras pesquisas se remontaría a 2010, consiste en la promoción de lotes sobre inmuebles del dominio público provincial, que legalmente no pueden ser objeto de ninguna operación de compraventa.

La presentación judicial, en la que se imputan los delitos de usurpación y tentativa de estelionato, fue impulsada por la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, y quedó formalmente radicada por el abogado Santiago Luis Xamena, en representación del Superior Gobierno de la Provincia. El objetivo central es que la Justicia identifique a los responsables de los loteos irregulares, preserve las pruebas digitales y adopte medidas urgentes para proteger esos predios de dominio público.

La investigación se originó a raíz de publicaciones detectadas en un perfil de Facebook denominado “Viví el Cadillal MIS Dulces Tentaciones”. Allí se promocionaban terrenos ubicados en el sector Ampliación Villa del Parque, sobre tierras que el Estado considera de especial resguardo por su valor ambiental y arqueológico. Quienes publicaban los avisos se presentaban como supuestos propietarios con facultades para vender, pese a que los inmuebles integran el dominio público provincial y, por su carácter de bienes inalienables, no pueden ser comercializados.

En el escrito presentado ante la Justicia, Xamena subrayó que El Cadillal forma parte del dominio público del Estado provincial y fue destinado al uso y disfrute de toda la comunidad con fines paisajísticos, turísticos, recreativos y ambientales. Advirtió, además, que los loteos clandestinos y las intervenciones denunciadas generan desmontes con fines inmobiliarios que afectan seriamente la masa boscosa y alteran el uso del suelo.

La zona está alcanzada por el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Tucumán, establecido por la Ley Provincial Nº 8.304. Esa norma clasifica el área como de muy alto valor de conservación y prohíbe de manera expresa cualquier transformación del terreno.

Como parte de la denuncia, el Gobierno solicitó que la causa sea remitida a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de la fiscal Mariana Rivadeneira, y pidió la producción de una serie de medidas probatorias. Entre ellas, se destaca una inspección ocular a cargo de la Dirección General de Catastro y de la División Ingenieros de la Policía, con el propósito de detectar eventuales ocupantes, elaborar una planimetría georreferenciada y determinar la situación dominial de los predios.

También se requirió el libramiento de oficios a las empresas de telefonía para identificar a los titulares de los números publicados en los anuncios de venta, la intervención de la Unidad de Investigación de Delitos Telemáticos para preservar las publicaciones de Facebook e individualizar a sus responsables y, en caso de comprobarse ocupaciones ilegales, la restitución provisoria de los inmuebles al Estado provincial.

Durante las averiguaciones preliminares que precedieron a la denuncia, uno de los presuntos vendedores detalló las características de los lotes ofrecidos. De acuerdo con esa información, los terrenos tendrían superficies de 600, 820 y 1.200 metros cuadrados. Los dos primeros serían comercializados por $15 millones cada uno, mientras que el de mayor extensión alcanzaría un valor de $40 millones. El mismo hombre explicó que, al concretar la operación, entregaba a los compradores un boleto de compraventa con cesión de posesión, ya que los terrenos carecían de escritura.

Las primeras investigaciones de las autoridades provinciales indican que la presunta maniobra habría comenzado en 2010. A partir de ese año, los responsables empezaron a ofrecer tierras en El Cadillal asegurando contar con documentación que acreditaba supuestos derechos hereditarios sobre esos inmuebles.

Finalmente, Xamena pidió que la denuncia sea tramitada como Asunto de Feria, con habilitación de días y horas inhábiles. El fundamento de ese requerimiento es que las publicaciones de venta continúan activas en redes sociales. Cualquier demora, según la advertencia de la Fiscalía de Estado, podría favorecer nuevas operaciones ilegales, incrementar el perjuicio patrimonial para la Provincia y comprometer el éxito de las medidas de prueba que ya fueron solicitadas.