La privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A. ingresó en su tramo final dentro del proceso administrativo y el Gobierno nacional se prepara para publicar en el Boletín Oficial los pliegos que establecerán las condiciones de la licitación. Según fuentes de distintas áreas del Poder Ejecutivo, el texto definitivo atraviesa las últimas revisiones legales en la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Economía, por lo que la difusión oficial de las bases sería inminente.

La empresa ferroviaria figura entre las sociedades alcanzadas por el proceso de desinversión estatal previsto tras la sanción de la Ley Bases. De acuerdo con el esquema diseñado por la administración nacional, la futura concesión tendrá una duración de 50 años y abarcará las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, utilizadas para el transporte de granos, insumos industriales y materias primas hacia los puertos exportadores.

El cronograma oficial contempla un plazo de 90 días para que las empresas interesadas presenten sus ofertas una vez publicados los pliegos. Con ese calendario, las adjudicaciones quedarían previstas para fines de este año o los primeros meses del próximo.

El proyecto sufrió demoras respecto de la planificación inicial. La intención oficial era acelerar las privatizaciones ferroviarias durante los primeros meses del año, aunque la complejidad técnica de la red derivó en auditorías entre distintos organismos estatales que extendieron los tiempos previstos.

Uno de los aspectos centrales del nuevo esquema es la división de la operación en tres unidades diferenciadas: la administración de la infraestructura ferroviaria, la gestión de los talleres y la explotación del material rodante. Sin embargo, los pliegos también habilitarán que un mismo grupo económico pueda competir simultáneamente por las tres áreas, con la posibilidad de desarrollar una operación integrada.

Ese diseño despertó el interés de distintos actores del sector. Entre ellos aparece el holding Ferromex (Grupo México), que evalúa participar con un plan de inversiones destinado a modernizar la red ferroviaria. También se menciona un consorcio integrado por empresas exportadoras como Bunge, Cargill, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Aceitera General Deheza (AGD) y Louis Dreyfus Company (LDC), además de constructoras nacionales vinculadas a obras ferroviarias, entre ellas el Grupo Roggio.

Como parte de la preparación del proceso licitatorio, el Gobierno dictó previamente el Decreto 282/2026, que autoriza la venta de locomotoras y vagones en desuso. El objetivo de esa medida es destinar los recursos obtenidos al financiamiento de obras sobre la infraestructura ferroviaria.

Además, las inversiones que realicen los futuros concesionarios quedarán alcanzadas por los beneficios previstos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), incluyendo las exenciones impositivas y aduaneras contempladas por ese régimen.

El futuro esquema operativo también prevé la aplicación del sistema de acceso abierto establecido en la Ley 27.132 de Ferrocarriles Argentinos. Bajo esta modalidad, distintos operadores privados o dadores de carga podrán utilizar la red ferroviaria nacional mediante el pago de un canon previamente definido, con el objetivo de ampliar la competencia en el transporte de cargas.