Un nuevo corte de energía registrado en el norte de Salta volvió a tensar la relación entre el Gobierno provincial y Transnoa, la empresa concesionaria del transporte de energía eléctrica en alta tensión en el NOA. Tras la interrupción del suministro, las autoridades renovaron sus reclamos por auditorías técnicas, sanciones y un mayor control sobre el funcionamiento de la compañía.

El episodio ocurrió el pasado domingo, cuando el desenganche de una línea de alta tensión en el tramo San Pedro-Libertador General San Martín, en la provincia de Jujuy, dejó sin servicio eléctrico durante 28 minutos a distintas localidades de los departamentos Orán y San Martín.

Si bien el corte tuvo una duración menor a otros registrados durante el último año, el Gobierno salteño sostuvo que el hecho se suma a una serie de fallas que, a su criterio, afectan la confiabilidad del sistema eléctrico regional.

Como antecedente, recordó el episodio registrado en septiembre de 2025, cuando las localidades de La Unión y Rivadavia Banda Sur permanecieron durante varios días con suministro restringido tras la salida de servicio de un transformador de alta tensión. En esa oportunidad fue necesario implementar un sistema de generación de emergencia para abastecer a unos 2.000 habitantes.

Desde el Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta (Enresp) atribuyeron los inconvenientes a deficiencias estructurales en la operación y el mantenimiento de las líneas de alta tensión administradas por Transnoa.

El organismo informó que desde octubre de 2025 presentó siete denuncias administrativas ante el entonces Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), actualmente reemplazado por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), por presuntos incumplimientos de la concesionaria.

Entre esas actuaciones figura una presentación conjunta con organismos reguladores de Jujuy y Tucumán por un apagón que afectó a cerca de un millón de usuarios en las tres provincias.

Además, el Enresp promovió una denuncia penal ante la Justicia Federal de Salta contra el directorio de Transnoa por presuntos delitos de fraude, malversación y enriquecimiento ilícito.

En la misma línea, el gobernador Gustavo Sáenz solicitó al Gobierno nacional la realización de auditorías técnicas y la aplicación de sanciones a la empresa al considerar que las reiteradas interrupciones evidencian deficiencias en la prestación del servicio.

Las autoridades provinciales señalaron que más del 5% de la factura eléctrica abonada por los usuarios salteños corresponde al transporte de energía. Según los datos difundidos, ese concepto representa aproximadamente $28.000 millones anuales, de los cuales alrededor de $17.000 millones corresponden a Transnoa por la operación y el mantenimiento de las líneas de 132 kilovoltios, mientras que los restantes $11.000 millones son percibidos por Transener, responsable de la red de 500 kilovoltios.

El Gobierno también destacó que los ingresos de Transnoa se incrementan debido a que la empresa presta servicios en Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy, Catamarca y La Rioja, además de Salta.

En febrero pasado, directivos de la compañía anunciaron ante el gobernador Sáenz un plan de inversiones por US$7 millones destinado a incorporar fibra óptica de respaldo, reemplazar aisladores, desarrollar infraestructura fotovoltaica e implementar sistemas de telecomando remoto para reducir los tiempos de respuesta ante fallas.

Sin embargo, el Enresp sostuvo que hasta el momento no existen precisiones públicas sobre el grado de ejecución de esas obras y cuestionó además la capacidad operativa de la empresa, al señalar que dispone de 384 empleados para atender más de 6.000 kilómetros de líneas de alta tensión distribuidas en seis provincias, además de advertir carencias de vehículos, grúas y equipamiento de respaldo.

La reciente modificación de la estructura accionaria de Transnoa también fue incorporada a los cuestionamientos. Según se indicó, la operación fue autorizada por el entonces ENRE mediante la Resolución 28, que aprobó cambios en Asisnort, controlante de Elecnorte, sociedad madre de la transportista.

A partir de esa operación, Diego Héctor Castro y Melitón Eugenio López asumieron el control de la compañía. El informe también señala que el directorio está integrado, entre otros, por Marcelo Oscar Mehl y Mariano Javier Puccio, de quienes se detallan antecedentes en funciones públicas y vínculos societarios.

Finalmente, las autoridades provinciales hicieron referencia al régimen sancionatorio vigente. Según el informe anual 2024 del entonces ENRE, Transnoa recibió sanciones económicas que, a criterio del Gobierno salteño, resultan de escasa magnitud frente a la calidad del servicio prestado, ya que el esquema regulatorio contempla penalidades vinculadas a la indisponibilidad de las instalaciones y mecanismos de incentivos económicos para las empresas transportistas.