La defensa de la intendenta de Graneros, Raquel Graneros, rechazó las acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito impulsadas por dirigentes opositores y aseguró que la vivienda ubicada en el country Las Yungas, en Yerba Buena, no pertenece a la jefa municipal. Además, sostuvo que la funcionaria no fue imputada en la causa y adelantó que, una vez concluida la investigación, promoverá acciones judiciales contra los autores de la denuncia.

La abogada Paula Morales Soria se pronunció públicamente por primera vez desde que se inició la investigación y explicó que había optado por mantener silencio para no interferir en el desarrollo del expediente. No obstante, calificó la presentación judicial como "una vergüenza sin sustento legal" y afirmó que la intendenta está siendo sometida a una situación de "violencia" pese a no existir una imputación formal en su contra.

La letrada cuestionó las manifestaciones realizadas por el legislador Manuel Courel respecto de la investigación y defendió la actuación de la Justicia.

"El legislador no respeta la división de poderes. Es la Justicia la que tiene que expedirse. Invito al legislador a que deje trabajar a la Justicia, que avance con la investigación. Que deje de ensuciar a la Justicia y que deje de perseguir a la intendenta como si fuera fiscal", expresó.

"La intendenta no compró esa casa"

Uno de los principales ejes de la respuesta de la defensa estuvo centrado en la propiedad ubicada en los lotes 70 y 71 del sector 12 del country Las Yungas, cuya adquisición fue cuestionada en la denuncia.

Morales Soria negó que ese inmueble pertenezca a Raquel Graneros y sostuvo que quienes impulsaron la presentación no acompañaron documentación que respalde sus afirmaciones.

"Si eso fuera verdad, ¿por qué no presentan los documentos que dicen que tienen? No han presentado nada, solo una copia de las expensas, que no sabemos si es real o no. La intendenta no compró esa casa. Su domicilio está en Graneros", afirmó.

La defensora indicó además que durante la investigación fueron incorporadas pruebas al expediente, aunque evitó brindar precisiones por tratarse de una causa en trámite. En ese sentido, sostuvo que los informes requeridos por la Justicia respaldan la posición de la intendenta y señaló que el único elemento aportado por los denunciantes consiste en una copia de una liquidación de expensas cuya autenticidad cuestionó.

"Ellos nos denunciaron judicialmente y nosotros responderemos judicialmente", agregó.

Asimismo, confirmó que la investigación es llevada adelante por el fiscal Diego Sebastián Hevia.

Acusaciones de persecución política

Morales Soria también atribuyó la denuncia a intereses políticos y sostuvo que no existe ninguna prueba que permita sostener la comisión de un delito.

"Lo que están haciendo es utilizar mentiras y montar un festín mediático para obtener rédito político. No existe ningún hecho de corrupción ni delito", manifestó.

En ese marco, anticipó que, si la investigación concluye sin responsabilidades para la intendenta, iniciará acciones legales contra quienes promovieron la denuncia.

La abogada también denunció que tanto Graneros como integrantes de su familia vienen siendo objeto de hostigamiento, incluso mediante la difusión de fotografías personales en redes sociales. Además, vinculó esa situación con el enfrentamiento político existente en la ciudad y recordó la causa iniciada tras las amenazas denunciadas por la intendenta y por la legisladora Alejandra Cejas.

La investigación

Las declaraciones de la defensa se produjeron luego de que Manuel Courel cuestionara públicamente el ritmo de la investigación iniciada en la Fiscalía de Concepción.

El legislador había señalado que, transcurrido un mes desde la presentación de la denuncia, únicamente se libraron oficios al country Las Yungas y que la información recibida resultó insuficiente, por lo que sostuvo que incluso se solicitó un allanamiento para obtener nuevos elementos. También indicó que fueron requeridos informes a la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), EDET y Naturgy para determinar la titularidad de los servicios correspondientes al inmueble investigado.

La denuncia sostiene que Raquel Graneros habría adquirido los lotes 70 y 71 del sector 12 del country Las Yungas por una suma superior al millón de dólares, presuntamente abonada en efectivo. Los denunciantes consideran sospechosa esa operación porque, según afirmaron, la única actividad laboral registrada de la funcionaria correspondía al ejercicio de la Intendencia de Graneros.

En la presentación también se menciona al secretario de Hacienda del municipio, Ariel Mendelek, a quien se vincula con el presunto traslado de parte del dinero utilizado para la operación hasta una sucursal del Banco Galicia.

Como parte de la documentación incorporada al expediente, los denunciantes aportaron una liquidación de expensas correspondiente al mes de junio del barrio privado, donde figura el nombre de Raquel Alejandra Graneros y se consignan montos mensuales de $570.090 y $566.690 por los dos lotes unificados.

Hasta el momento, la investigación permanece en etapa preliminar y no se informó sobre imputaciones formales contra la intendenta.