La investigación iniciada a partir de una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra la intendenta de Graneros, Raquel Graneros, volvió a quedar en el centro del debate político luego de que el legislador provincial Manuel Courel (Cambia Tucumán) cuestionara el ritmo con el que avanza el expediente y reclamara una actuación más rápida por parte de la Justicia.

La presentación fue realizada durante los primeros días de junio ante la Fiscalía de Concepción por Courel, el exconcejal de Alberdi Luis Díaz Augier y el concejal de Simoca Luis Escobar. En ella solicitan que se investigue la adquisición de una vivienda ubicada en el country Las Yungas, en Yerba Buena, cuyo valor, según los denunciantes, rondaría los 1,2 millones de dólares y habría sido abonado en efectivo.

De acuerdo con el legislador, tras el inicio de la causa la fiscalía requirió información al country donde se encuentra el inmueble, aunque aseguró que la respuesta obtenida fue insuficiente. En ese contexto, indicó que existe un pedido para avanzar con un eventual allanamiento si no se aportan los datos requeridos.

Courel agregó que también se solicitaron informes a la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), EDET y Naturgy con el objetivo de determinar quién figura como titular de los servicios vinculados a la propiedad.

A pesar de esas medidas, el parlamentario sostuvo que la investigación registra pocos avances y comparó la actuación judicial con otra causa tramitada en Concepción. "La Justicia está avanzando muy lentamente y nos llama mucho la atención, porque cuando esta mujer denunció a los vecinos de Graneros que se habían inundado y se acercaron a reclamarle, la Justicia de Concepción actuó muy rápido y a las diez mujeres de Graneros las procesaron por amenazas. En cuestión de semanas o días estaban procesadas", afirmó.

El legislador anticipó que, si no existen respuestas satisfactorias, solicitarán nuevas medidas probatorias, entre ellas un eventual allanamiento. También señaló que continúan acercando información a la fiscalía conforme reciben nuevos elementos, aunque aclaró que los denunciantes no intervienen en el expediente como querellantes.

Durante sus declaraciones, Courel también hizo referencia a versiones sobre una supuesta adquisición de otro inmueble en Tafí del Valle por un monto cercano a los 600.000 dólares, aunque reconoció que esa información aún no pudo ser corroborada.

"Vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Esto tiene una obscenidad y un grado de impunidad tremenda. No puede ser que estos feudos, como se están manejando en el interior de la provincia, sigan de esta manera, administrando fondos públicos que pertenecen a todos los vecinos de Graneros", expresó.

Asimismo, insistió en que la investigación avance con mayor rapidez. "Esperemos que el fiscal actúe con la misma celeridad con que actuó para imputar a los vecinos de Graneros que fueron a reclamar por las inundaciones y determine con qué fondos compró semejante mansión en Yerba Buena", sostuvo.

Los elementos incorporados a la denuncia

Según la presentación judicial, la intendenta habría adquirido los lotes 70 y 71 del sector 12 del country Las Yungas por un monto superior al millón de dólares, operación que, de acuerdo con los denunciantes, se habría realizado en efectivo. En el escrito sostienen que la compra resulta llamativa debido a que, al momento de concretarse, Graneros no registraba otra actividad laboral distinta de su cargo como jefa municipal.

La denuncia también menciona al secretario de Hacienda del Municipio de Graneros, Ariel Mendelek. De acuerdo con Courel, el funcionario habría trasladado parte del dinero en efectivo utilizado para concretar la operación inmobiliaria hasta una sucursal del Banco Galicia.

Entre la documentación presentada figura además una liquidación de expensas correspondiente a junio del barrio privado, donde consta que por los dos lotes unificados deberían abonarse expensas mensuales de $570.090 y $566.690.

La respuesta de la intendenta y la posición del gobernador

Consultada por distintos medios locales, Raquel Graneros optó por no realizar declaraciones y derivó las consultas a su abogada, Paula Soria. La letrada informó que respondería una vez finalizada una reunión, aunque, según se indicó, esa comunicación no se concretó antes del cierre de la jornada.

Tras la difusión pública de la denuncia, el gobernador Osvaldo Jaldo pidió evitar prejuzgamientos y recordó que "todos somos iguales ante la ley". En ese marco, sostuvo que la intendenta deberá presentarse ante la Justicia y remarcó la necesidad de respetar las decisiones que adopten los tribunales, independientemente de cuál sea su resultado.