La controversia judicial por las cerca de 18.000 toneladas de residuos que permanecen en la ex planta de tratamiento de Pacará Pintado volvió a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT). La empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL, propietaria del predio, presentó un recurso de queja para que el máximo tribunal provincial revise el expediente y las decisiones previas.

La compañía, representada por la abogada Silvia Peyracchia, cuestionó la resolución de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que no admitió a trámite el recurso de casación contra la sentencia que desestimó su reclamo para trasladar los residuos al predio de Overo Pozo. La negativa se basó en un argumento formal: el tribunal consideró que el escrito de casación no respetó las pautas de la Acordada 1.498/2018, ya que una de sus páginas contenía 27 renglones, uno más del límite de 26 fijado por la norma.

Peyracchia calificó ese rechazo como un “exceso ritual manifiesto”, dada la “trascendencia ambiental” del asunto. En su presentación, precisó que en Pacará Pintado hay 17.943 toneladas de residuos en descomposición a cielo abierto y sostuvo que la supuesta irregularidad tipográfica es insignificante frente al riesgo para derechos constitucionales, entre ellos el “derecho a un medio ambiente sano y equilibrado”. La letrada reclamó que se abra la instancia de casación para que se examine el fondo del conflicto.

La resolución que denegó la casación había clausurado la vía impugnatoria y dejó sin efecto la obligación de remoción que la empresa reclamaba contra el Consorcio Metropolitano para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu), integrado por municipios del Gran San Miguel de Tucumán. Con el recurso de queja presentado ante la CSJT, la parte propietaria busca que el máximo tribunal revise nuevamente el expediente.

El litigio se inició en octubre de 2020, cuando Servicios y Construcciones La Banda SRL promovió una acción de fijación judicial de plazo para ejecutar la resolución 002/14 del Girsu. Según la empresa, ese acto comprometía al Consorcio a limpiar la playa de transferencia de Pacará Pintado. Los municipios que integran el organismo rechazaron la pretensión y advirtieron sobre el impacto ambiental que implicaría trasladar los desechos a Overo Pozo.

En 2024, la Sala III hizo lugar a la demanda y ordenó el retiro de la basura. Esa resolución fue anulada por la CSJT en septiembre de 2025, que remitió el expediente al fuero contencioso para que se dictara una nueva sentencia. En abril de 2026, la Sala II emitió un fallo adverso a la empresa y, posteriormente, denegó la admisibilidad del recurso de casación por la cuestión formal del “renglón 27”.

Con la queja ya presentada, el asunto se encuentra nuevamente en manos de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Mientras tanto, las casi 18.000 toneladas de residuos siguen depositadas en Pacará Pintado, en proceso de descomposición a cielo abierto desde hace más de una década. La resolución final del máximo tribunal definirá si se ordena la remoción de los desechos, su eventual destino y las medidas frente al riesgo ambiental alegado por la firma.