El Gobierno de Tucumán dispuso una ampliación presupuestaria de $200 millones para el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) con fondos provenientes de la Caja Popular de Ahorros, en medio del reclamo por una deuda superior a los $3.381 millones que la entidad mantiene con el sistema sanitario provincial por transferencias no realizadas entre 2020 y 2023.

La medida quedó formalizada a través del Decreto N° 1.142/3 (SH), firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo el 27 de mayo y publicado en el Boletín Oficial el 9 de junio. La norma incrementa el recurso denominado “Siprosa – Aportes Caja Popular de Ahorros” y destina la totalidad de los fondos a la compra de equipamiento mediante la partida presupuestaria “Equipos Varios”.

Según los fundamentos del decreto, la ampliación responde a un pedido efectuado por el propio Siprosa para adecuar sus previsiones presupuestarias ante la estimación de mayores ingresos para el resto del ejercicio 2026. Para ello, el Poder Ejecutivo apeló a las facultades previstas en la Ley de Presupuesto vigente, que habilita la incorporación de recursos adicionales cuando se registran incrementos de recaudación o nuevas fuentes de financiamiento.

La decisión cobra relevancia en el marco de una disputa administrativa, contable y judicial por los fondos que la Caja Popular debe transferir al sistema de salud en cumplimiento de la Ley N° 5.115. La normativa establece, en sus artículos 21 y 21 bis, que la entidad debe destinar al Siprosa el 25% del resultado bruto del sector de juegos de azar, además de una suma fija mensual de $400.000.

En noviembre de 2023, el Tribunal de Cuentas de la Provincia detectó incumplimientos en las transferencias correspondientes al período comprendido entre 2020 y 2023. Las auditorías realizadas por el organismo estimaron una deuda total de $3.381.104.038, monto al que deben sumarse los intereses por mora.

A raíz de esas irregularidades, en junio de 2024 se abrió un Juicio de Responsabilidad contra el entonces interventor de la Caja Popular, José César Díaz, dirigente señalado en la publicación como cercano al diputado nacional Carlos Cisneros. Paralelamente, se promovió una denuncia penal ante la Justicia provincial.

Debido a la complejidad del caso, el Tribunal de Cuentas designó al abogado Martín Colomo como co-instructor del expediente para asistir al abogado fiscal Agustín Gollán. Los vocales del organismo, con la firma de su presidente, Miguel Chaibén Terraf, sostuvieron que el incumplimiento privó al Siprosa de recursos con afectación específica y provocó un perjuicio al erario provincial.

En noviembre de 2025, el Tribunal amplió la denuncia penal ante la Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de la fiscal Mariana Rivadeneira. Para entonces, la Caja Popular había efectuado pagos por más de $900 millones, distribuidos en dos desembolsos: uno de $588 millones en noviembre de 2024 y otro de $320 millones en mayo de 2025.

Sin embargo, el organismo de control consideró que esas transferencias fueron realizadas de manera tardía, unilateral y sin la conformidad del Siprosa ni la intervención del propio Tribunal de Cuentas. Además, señaló que los pagos fueron imputados a períodos distintos de los reclamados originalmente.

En el Acuerdo N° 5183, el Tribunal advirtió que las conductas analizadas podrían encuadrarse en los delitos de violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos, previstos en los artículos 248 y 260 del Código Penal.

“El incumplimiento persistente durante los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023 importó la privación ilegal y continuada de fondos públicos con destino a la salud provincial, en plena emergencia sanitaria”, consignó el organismo de control en la resolución.