La contundencia de una sola frase bastó para marcar el tono del debate tarifario en la capital tucumana. “Hacen política con el transporte y no política de transporte”, disparó este martes Jorge Berreta, vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), al referirse a los ocho concejales que se opusieron al incremento del boleto urbano de colectivos de $1.250 a $1.700.

La definición del directivo, cargada de reproche, se convirtió en el eje de una jornada en la que la intendenta Rossana Chahla ya había promulgado la ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante, aunque la aplicación efectiva del nuevo cuadro sigue a la espera de la actualización del sistema SUBE.

Berreta explicó que la pelota ya no está en la cancha municipal. “Todo eso viajó a Buenos Aires y ahora depende del sistema SUBE y de la actualización de los sistemas de cobro electrónicos. Ya no depende ni del Municipio, que está haciendo las gestiones para que sea rápido, ni de nosotros, sino de la celeridad que ponga SUBE”, detalló.

Según sus estimaciones, los usuarios podrían ver reflejado el aumento en sus tarjetas entre jueves y viernes de la próxima semana, pero aclaró que no hay una fecha confirmada: “Entendemos que podría ser así, pero no tenemos una fecha certera”.

Fue al analizar la votación en el recinto cuando el dirigente empresarial subió el volumen de sus críticas y pronunció la frase que concentró la atención. Apuntó directamente contra los legisladores radicales José María Canelada, Gustavo Cobos, Leandro Argañaraz y Federico Romano Norri; los alfaristas Carlos Ale y Ana González, y los bussistas Ramiro Ortega y Alfredo Terán de Zavalía. “Sus declaraciones y sus fotos van en contra de la realidad. Se embanderan con la defensa del usuario, pero lo único que hacen es llevar agua para su molino por dos votos más. Hacen política con el transporte y no política de transporte”, remarcó.

El contraste con ese sector opositor fue inmediato. La suba había sido respaldada por el bloque peronista —Fernando Juri, José María Franco, Ernesto Nagle, Eduardo Molina, Hugo Andina Lizárraga, Facundo Vargas Aignasse y Emiliano Vargas Aignasse— y los unibloques Acción Vecinal, de Cristian Abel, y Libres del Sur, de Gastón Gómez. Lejos de suavizar sus palabras, Berreta redobló el desafío: “Si tantas intenciones tienen y creen que esto es un gran negocio, les damos las llaves de las empresas y las llaves de los colectivos para que vengan a prestar el servicio ellos”.

El vicepresidente de AETAT también rechazó de plano las sospechas que había deslizado el concejal Carlos Ale sobre supuestos acuerdos informales para aprobar el incremento. “Eso es una total falacia, una mentira. Es simplemente querer romper”, sentenció.

En paralelo, defendió el servicio actual al sostener que, en medio de un contexto nacional complejo, en Tucumán se evitan los cortes y se mantiene la operación. “En este contexto somos modelo. Falta mucho por mejorar, por supuesto, pero el servicio es mejor de lo que se podría prestar con los ingresos que tenemos”, afirmó.

La conversación no se limitó a la disputa política. Berreta abordó el frágil presente financiero de las compañías y reveló que pedirán reuniones con el Gobierno provincial y con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para intentar resolver el pago del medio aguinaldo, cuya propuesta inicial era cancelarlo en tres cuotas. “Vamos a pedir reuniones con la Provincia y con el gremio para buscar la mejor alternativa posible dentro de los recursos económicos con los que contamos”, dijo. Además, alertó sobre nuevos planteos salariales de la UTA nacional y la posibilidad de medidas de fuerza.

La frase que dominó la escena volvió a planear sobre el cierre de sus definiciones. El dirigente pintó un sistema deficitario que, según su visión, nadie está dispuesto a tomar en las condiciones actuales. “No hay nadie que quiera hacerse cargo del transporte en estas condiciones. Nosotros seguimos porque queremos salvar empresas históricas y por los compromisos que tenemos. Lo más fácil sería bajar la bandera y entregar los 3.600 trabajadores para que otros se hagan cargo”, concluyó.