La sesión que la oposición había planificado para este martes 23 de junio con el propósito de forzar un emplazamiento directo contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó virtualmente desactivada antes de empezar. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, culminó una serie de intensas gestiones con los referentes del PRO y de la Unión Cívica Radical y arrancó de ambos bloques la promesa de que sus legisladores no bajarán al recinto, una maniobra que impide alcanzar el número mínimo para sesionar y entierra la ofensiva opositora.

La contraprestación que ofreció La Libertad Avanza para cosechar esas ausencias consiste en derivar todo el paquete de denuncias al ámbito de dos comisiones que responden a la conducción oficialista: Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento. El razonamiento que transmitió un dirigente de primera línea del macrismo fue lineal: como los espacios de debate quedarán habilitados, la convocatoria al pleno perdía su razón de ser. “Carece de sentido absoluto la sesión de mañana”, resumió la fuente, dando por sellada la arquitectura del acuerdo.

El movimiento que diseñó el riojano responde a un doble cálculo, político y de calendario. Al encerrar la controversia dentro de las comisiones, el oficialismo retiene la lapicera para decidir la periodicidad de las reuniones, la nómina de expositores y la administración de la prueba documental. La jugada apunta a estirar los relojes institucionales hasta la proximidad del receso invernal, bajo la hipótesis de que el paso de las semanas enfría cualquier polémica y que la resolución final quede en manos de los tribunales antes que en las del Parlamento.

Sin embargo, entre los propios aliados que aceptaron el pacto sobrevuela una advertencia que expone la precariedad del blindaje. Desde el bloque que encabeza Cristian Ritondo hicieron saber que el compromiso de no dar quórum se sostiene con una condición excluyente: que no irrumpan nuevas pruebas o revelaciones que oscurezcan todavía más la situación del jefe de Gabinete. “No hay margen para seguir mirando para otro lado si aparece alguna cosa más”, fue la definición que se filtró desde esa bancada.

A ese condicionamiento se añade una segunda zona de incertidumbre. Pese a que las cúpulas del PRO y de la UCR avalaron la estrategia de vaciar la sesión, en ambos partidos persisten voces que reclaman la renuncia de Adorni y que podrían desmarcarse de la directiva general. La incógnita sobre cuántos diputados radicales y macristas seguirán efectivamente la línea bajada por sus jefaturas es un factor que, admiten en los pasillos legislativos, no está completamente saldado.

Con el riesgo inmediato conjurado, Menem ya activó la segunda parte del cronograma. Para el día siguiente, el miércoles 24 de junio, el oficialismo convocará una sesión de temario propio con perfil exclusivamente económico. Allí buscará la media sanción del proyecto denominado “Súper RIGI” y el destrabe del entendimiento con los deudores legítimos y los holdouts. La maniobra persigue una señal de autoridad legislativa mientras Adorni continúa en funciones y la investigación sobre su patrimonio y sus actos de gobierno ingresa en el carril lento de las comisiones técnicas.