El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán pondrá a prueba este jueves la ajustada correlación de fuerzas que dejaron semanas de debate en la comisión de Transporte, cuando intente convertir en ordenanza la suba del boleto urbano de colectivo de los actuales $1.250 a $1.700, un incremento del 35 por ciento.

El dictamen que llegará al recinto lleva la firma de apenas tres de los seis integrantes de ese grupo de trabajo, lo que anticipa una sesión de final abierto. Según los cálculos que circulan en la bancada oficialista, la iniciativa cosecharía nueve votos a favor y ocho en contra, aunque la ausencia con aviso del concejal Gonzalo Carrillo Leito (PJ) estrecha todavía más el margen y obliga a afinar la estrategia.

La incertidumbre no solo sobrevuela el desenlace del boleto de ómnibus. Hasta esta noche, los ediles no habían definido si incluirán sobre tablas el segundo dictamen emitido por Transporte, que propone un aumento del 33 por ciento para el servicio de taxis. De aprobarse, la bajada de bandera pasaría a costar $1.200 y la ficha por cada cien metros se fijaría en $120.

El tema no formó parte del acuerdo alcanzado el martes en la reunión de Labor Parlamentaria que preside Fernando Juri, por lo que existe la posibilidad de que quede fuera del orden del día y sea tratado en una nueva convocatoria, probablemente la semana próxima.

Un trámite parlamentario que arrastra desgaste

Voceros del cuerpo legislativo con experiencia en debates tarifarios de distintas gestiones coincidieron en que no recuerdan una discusión “tan compleja” como la que se desató desde fines de abril, cuando la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) presentó su estudio de costos. Aquel informe sugería un boleto de $2.400, una cifra que los concejales descartaron de plano y que tampoco encontró eco en el secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo.

La imposibilidad de alcanzar un consenso rápido forzó a la comisión que preside el oficialista José María Franco a sucesivos cuartos intermedios. Recién este miércoles por la mañana se obtuvo el despacho, pero con el respaldo exclusivo de Franco, Hugo Andina Lizárraga y Eduardo Molina, todos del bloque del PJ.

Los otros tres integrantes —el vicepresidente de la comisión, Alfredo Terán de Zavalía (bussismo), y los ediles del Partido por la Justicia Social Carlos Ale y Ana González— estuvieron presentes en el encuentro pero optaron por no estampar su firma ni presentar un texto alternativo. De todas maneras, en el oficialismo dan por descontado que sus votos en el recinto serán negativos.

El poroteo y el fantasma del empate

Con un voto menos por la ausencia de Carrillo Leito, al peronismo le resultará indispensable sumar el respaldo de algún aliado que hasta ahora se había manifestado en contra de la suba. Ni el PJS ni Fuerza Republicana aparecen como socios probables en esta votación, lo que mantiene abierta la chance de una paridad que obligue al presidente del cuerpo a desempatar.

Si la ordenanza se sanciona, el boleto a $1.700 no empezará a regir de inmediato. El expediente deberá ser comunicado al Departamento Ejecutivo Municipal, que podrá promulgarlo por decreto —o de manera tácita— o vetarlo y devolverlo al Concejo.

Los argumentos del oficialismo

Franco explicó que el dictamen de Transporte se sustentó en una combinación de variables que exceden el estudio de costos de Aetat. Mencionó la inflación general y la específica del sector, el precio de combustibles y repuestos, y las paritarias con la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Pero puso el acento en la discusión de fondo: “Hay un grupo de concejales que creemos que, trabajando con el municipio hasta fin de año, podemos revertir la situación”.

El concejal señaló que, según datos del propio Ejecutivo municipal, “las empresas están trabajando en una situación de quebranto” y dimensionó el impacto de la caída interanual del 50 por ciento en la cantidad de pasajeros. “Muchos vecinos dejaron de usar el colectivo y hoy están transportándose a través de las aplicaciones”, apuntó.

También depositó expectativas en la administración que conduce la intendenta Rossana Chahla. “El Departamento Ejecutivo tiene la fuerza y la decisión política de hacer los cambios que hagan falta. De nada sirve una licitación de nuevas líneas si no hay un cambio de sistema. Por más que venga el mejor empresario de Europa, con capitales europeos, no va a ser rentable”, sostuvo.

Finalmente, contextualizó la crisis del sector en una “coyuntura económica nacional” y en “decisiones nacionales”. “El aumento de los combustibles supera el 55 por ciento desde octubre hasta la actualidad. Hoy el boleto sí es un paliativo, pero tenemos la esperanza de que esto se solucione si se logra el cambio de sistema”, cerró.