Una nota protocolar disparó un nuevo cortocircuito entre el Poder Ejecutivo y las bancadas del Senado. Manuel Adorni, jefe de Gabinete, hizo saber este miércoles a la vicepresidenta Victoria Villarruel que se presentará en el recinto el próximo 2 de julio para exponer el informe de gestión número 146, en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional, que lo obliga a detallar “la marcha del Gobierno”. La confirmación oficial, sin embargo, no aplacó la ofensiva opositora: un sector del peronismo y varios legisladores dialoguistas buscan someter al funcionario a una interpelación que incluya preguntas sobre su situación patrimonial, algo que la normativa vigente le permite eludir en ese tipo de comparecencias.

La pulseada quedó concentrada en la reunión de Labor Parlamentaria convocada para mañana a las 18. Allí se definirá si la sesión del jueves se suspende, tal como pretende La Libertad Avanza, o si se habilita el tratamiento del proyecto de resolución que impulsa el peronismo. Ese texto propone interpelar a Adorni y votar una moción de censura contra el ministro coordinador.

Patricia Bullrich, presidenta del bloque oficialista, había tejido en las horas previas un principio de acuerdo con los espacios dialoguistas para levantar la convocatoria de mañana. No obstante, esas mismas fuerzas mostraron resistencia a postergar el debate hasta los primeros días de julio, con el argumento de que la interpelación pierde sentido si se dilata en el tiempo. La falta de sintonía entre los aliados circunstanciales del Gobierno dejó abierta la posibilidad de que el peronismo consiga mañana mismo el quórum necesario para llevar el tema al recinto.

El detonante del malestar opositor radica en los límites que impone el formato del informe de gestión. Según la interpretación más restrictiva del artículo 101, el jefe de Gabinete puede ceñirse a un repaso de las políticas oficiales sin responder consultas que excedan ese marco. En concreto, Adorni estaría facultado para no contestar sobre la evolución de sus bienes personales, un punto que distintos sectores de la oposición querían incluir en la batería de preguntas. Esa restricción explica la insistencia en un mecanismo de interpelación, que forzaría un ida y vuelta más amplio y permitiría interrogantes que el informe tradicional no habilita.

En la misiva elevada a Villarruel, el jefe de Gabinete subrayó su “disposición a concurrir” el 2 de julio y encuadró la visita en el deber constitucional de rendir cuentas. La fecha elegida corre los tiempos más allá de la sesión inmediata, lo que para el oficialismo representa una ventana para descomprimir la tensión. Pero si mañana a las 18 los bloques dialoguistas no acompañan la suspensión, el Senado podría sesionar y el proyecto de interpelación quedaría habilitado para su debate.