El Mundial 2026 no ha sido excusa para detener la maquinaria legislativa. El Congreso argentino transita junio con una agenda cargada de proyectos de alto impacto, algunos en etapa de definición y otros recién en fase de diseño.

La Cámara alta se prepara para debatir la modificación de la ley de Expropiaciones y la Ley de Tierras en su próxima sesión, mientras que en Diputados aguardan tratamiento el pago a los dos holdouts remanentes del default de 2001 y el Súper RIGI, una iniciativa que el Gobierno considera estratégica para atraer inversiones.

El proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada, que reforma las leyes de Expropiaciones y Tierras, se perfila como el tema principal del Senado antes de que finalice el mes. Una vez aprobado en la Cámara alta, el expediente girará a Diputados, donde aún no hay una fecha prevista para su discusión.

En paralelo, la Cámara baja recibirá el proyecto de cancelación de deuda con los dos fondos buitre que aún reclaman por el default de 2001, una iniciativa que ya cuenta con el aval del Senado y que compartirá sesión con el Súper RIGI, calificado por el oficialismo como de máxima prioridad.

El movimiento legislativo también incluye proyectos que viajan en sentido contrario. La Ley Hojarasca, que ya obtuvo media sanción en Diputados, iniciará este miércoles su recorrido por el Senado con un plenario de comisiones que comenzará a analizar su contenido.

Por el contrario, la ley de lobby enfrenta un panorama menos promisorio en Diputados, donde el rechazo de organizaciones civiles y cámaras empresarias podría derivar en un estancamiento que postergue su tratamiento hasta después de la Copa del Mundo.

En el Senado ingresaron a fines de mayo dos iniciativas que prometen generar polémica: la prevención de la ludopatía digital y la derogación de la ley de Etiquetado Frontal. Ambos proyectos, que aún no han sido girados a comisiones, podrían ser relegados en el calendario legislativo ante la complejidad de los debates que despertarían, según anticiparon fuentes parlamentarias.

La Casa Rosada, mientras tanto, ultima un nuevo paquete desregulador que enviará al Congreso en el segundo semestre. La cartera de Federico Sturzenegger trabaja en tres frentes: la habilitación de medicamentos de venta libre en góndolas de supermercados y comercios de proximidad; la modificación de la ley de cabotaje para permitir el ingreso de buques extranjeros en rutas fluviales internas; y la eliminación de la matrícula profesional para corredores inmobiliarios, una medida que permitiría a cualquier persona actuar como intermediario en operaciones inmobiliarias sin título habilitante.

En un capítulo aparte se encuentra el proyecto de adhesión al tratado internacional de patentes, una obligación asumida por Argentina en las negociaciones con Estados Unidos que hoy enfrenta dificultades. Las conversaciones bilaterales se han complicado y la redacción del proyecto aún requiere ajustes antes de reencaminar su aprobación.

El gran proyecto que el Gobierno reserva para la etapa post-Mundial es la reforma política y electoral. La iniciativa, que comenzaría a debatirse en el Senado en agosto, tiene como objetivo central la eliminación de las PASO, aunque en el oficialismo reconocen que no cuentan con los votos suficientes para concretarla. Ante ese escenario, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, analiza otras opciones —ninguna de las cuales la convence del todo— como la suspensión temporal de las primarias o la implementación de un sistema no obligatorio.

La reforma electoral, sin embargo, es un paquete más amplio. Incluye Ficha Limpia, restricciones al financiamiento público de las campañas, desregulación de los aportes privados, mayores exigencias para la personería jurídica de los partidos, eliminación de la publicidad gratuita en medios, la incorporación del casillero de boleta completa en la Boleta Única de Papel y la derogación de los debates presidenciales obligatorios. Sectores del arco dialoguista ya plantean la posibilidad de separar Ficha Limpia del resto de la reforma para darle una tramitación autónoma.

El cronograma legislativo prevé además el tratamiento de reformas a leyes vigentes que no han sido ejecutadas, como las de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad, junto con una nueva ley de Salud Mental que ampliaría las facultades de los psiquiatras para decidir internaciones involuntarias. Con este escenario, el Congreso demuestra que, más allá del paréntesis futbolístico, la actividad parlamentaria no cede y mantiene un ritmo intenso de cara al segundo semestre.