A fines de mayo de 2025, el círculo cercano a Manuel Adorni se jactaba de haber sido la única fuerza que derrotó al oficialismo en las elecciones legislativas porteñas, al vencer al PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Poco más de un año después, ese mismo funcionario podría sumar un hito negativo: convertirse en el primer jefe de Gabinete expuesto a una moción de censura, figura prevista en el artículo 101 de la Constitución Nacional desde la reforma de 1994.

La ofensiva opositora, impulsada por el Partido Justicialista y otras fuerzas, busca que el Congreso aplique este mecanismo inédito, que requiere un extenso procedimiento de interpelación y votación en ambas cámaras. Cuatro abogados constitucionalistas consultados por Infobae coincidieron en los pasos a seguir, aunque discreparon sobre si el presidente Javier Milei podría volver a designar a Adorni en caso de destitución.

El trámite se inicia con un pedido de interpelación que debe ser aprobado por mayoría absoluta en cualquiera de las dos cámaras. Una vez autorizado, el jefe de Gabinete está obligado a comparecer, y luego se vota la moción de censura propiamente dicha, que requiere mayoría absoluta del total de los miembros tanto de Diputados como de Senadores. Sólo así se concreta la remoción inmediata. La oposición ya fijó para el martes 23 de junio una sesión especial en la Cámara Baja que incluye seis solicitudes de interpelación en su temario. Al mismo tiempo, el Partido Justicialista promueve una sesión única en el Senado para interpelar a Adorni y votar su destitución.

Las acusaciones contra el ministro coordinador se basan en supuestas contradicciones en sus declaraciones. El diputado socialista Esteban Paulón aseguró que Adorni “le mintió al Congreso” y que “entró en una serie de contradicciones que hacen muy difícil la continuidad de su rol”. Según Paulón, el jefe de Gabinete es el nexo entre el Ejecutivo y el Legislativo, y esa función requiere confianza. “Cuando viene a una sesión informativa a brindar informe de gestión, miente abiertamente y semanas después lo reconoce en televisión nacional. No hay esa tal confianza del parlamento para con el Jefe de Gabinete por eso está prevista la moción”, sostuvo.

Germán Martínez, jefe del bloque Unión por la Patria y autor del primer proyecto de censura, declaró: “Hace 100 días que el gobierno está enredado en esta novela del jefe de Gabinete. Vino al Congreso y todo lo que dijo fue desmentido por sus acciones anteriores. Le mintió al Congreso, la prensa y a los 47 millones de argentinos”. Martínez añadió que insistirán en el mecanismo constitucional, que Adorni debe ser interpelado para dar explicaciones, y que “los aspectos penales deberá dilucidarlos la justicia. Desde el punto de vista político, Adorni no cuenta con la confianza del pueblo argentino y mucho menos de la Cámara de Diputados y del Senado”.

Desde el oficialismo, en cambio, anticiparon que Adorni asistirá voluntariamente al Senado a principios de julio para presentar su informe de gestión. Una fuente de la mesa política nacional respondió: “La moción no debería suceder porque Manuel va a presentarse al Senado a dar el Informe de Gestión de Gobierno como corresponde al Jefe de Gabinete”.

Los especialistas en derecho constitucional ofrecieron distintas interpretaciones sobre el mecanismo. Daniel Sabsay lo definió como “una forma de control parlamentario. Se lo evalúa políticamente y se exige su remoción. Se activa cuando hay crisis política, pero es un procedimiento larguísimo”. Sabsay también mencionó que la moción es “fragmentada” por la posible facultad del Presidente de restituir al funcionario. Félix Lonigro fue más crítico: “Es un mamarracho. El jefe de Gabinete es un cadete de lujo. Un rol burocratizado y el artículo está muy mal redactado. Se va a ir haciendo camino al andar porque nunca se utilizó”.

En cuanto a la posibilidad de que Javier Milei reincorpore a Adorni tras una eventual censura, Gustavo Ferreyra sostuvo que hacerlo implicaría una “causal de destitución” por mal desempeño y que la decisión parlamentaria es una competencia exclusiva, por lo que la redesignación “alteraría las bases propias del control ejercido y su desnaturalización”.

Andrés Gil Domínguez coincidió: no se podría volver a designar al mismo funcionario hasta que cambie la composición del Congreso o mientras dure el mandato del Presidente, pues supone “una pérdida de confianza del Congreso irreversible”. Lonigro, en una tercera postura, afirmó: “No hay nada escrito por eso la moción es variable a la interpretación. Aún cuando no está escrito, se debe aplicar la posibilidad de inhabilitarlo”.