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11 de junio de 2026

El Gobierno intimó a renegociar 446 convenios colectivos vencidos tras una revisión de la cifra original de 150

La Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, activó el procedimiento previsto en la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La CGT rechazó la medida y advirtió intromisión en la vida interna de los gremios.

La administración nacional amplió el alcance de su intimación a renegociar convenios colectivos de trabajo vencidos, al anunciar oficialmente que la medida alcanza a 446 acuerdos y no a los 150 que se habían mencionado inicialmente.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, fue el encargado de poner en marcha el procedimiento establecido por la reglamentación de la reforma laboral, mediante el cual se emplaza a representantes de empresas y a dirigentes sindicales a rediscutir cláusulas vinculadas con condiciones laborales y con los aportes compulsivos o cuotas solidarias pactadas entre las partes. La decisión se formalizó a través del decreto 407, que reglamentó la Ley 27.802 de Modernización Laboral.

El cambio en la cifra responde a una aplicación estricta de lo dispuesto en la nueva norma, que eliminó el principio de ultraactividad vigente hasta ahora. Ese principio sostenía que un convenio colectivo mantenía su validez incluso después de su vencimiento hasta tanto fuera reemplazado por uno nuevo, lo que en la práctica evitaba que los trabajadores perdieran derechos adquiridos ante eventuales estancamientos en las negociaciones.

La ley 27.802, en cambio, preserva la ultraactividad únicamente para las denominadas "cláusulas normativas" —aquellas que definen las condiciones de trabajo—, mientras que las "cláusulas obligacionales" —entre las que se cuentan las cuotas solidarias y los aportes especiales acordados entre empleadores y sindicatos— decaen automáticamente al momento del vencimiento del convenio.

El decreto reglamentario, sin embargo, abre la posibilidad de que en esta etapa de discusión las partes negocien todas las cláusulas, tanto normativas como obligacionales, con el objetivo de adecuar los acuerdos a la realidad productiva actual y futura. En un comunicado difundido esta mañana a través de sus redes sociales, el Ministerio de Capital Humano —conducción de Sandra Pettovello— informó que la Secretaría de Trabajo "dio inicio al procedimiento previsto en el artículo 137 de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802" para que sindicatos y empleadores comiencen las negociaciones colectivas correspondientes. La cartera destacó que la convocatoria busca "fortalecer la negociación colectiva y promover acuerdos entre trabajadores y empleadores que contribuyan al desarrollo de relaciones laborales modernas, previsibles y adaptadas a la realidad productiva de cada sector".

El rechazo del movimiento obrero organizado

Apenas 24 horas después de la publicación del decreto 407, la Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un comunicado en el que rechazó de plano el contenido de la reglamentación. La central sindical sostuvo que "el Poder Ejecutivo pretende avanzar sobre derechos, instituciones y garantías que forman parte del sistema de relaciones laborales y de la libertad sindical en nuestro país".

En el mismo texto, la CGT consideró que "resulta inadmisible que el Gobierno pretenda implementar una normativa en la cual buena parte de sus disposiciones se encuentran cuestionadas judicialmente y sometidas a debate respecto de su constitucionalidad".

Tanto la CGT como las dos centrales de trabajadores autoconvocadas (CTA) celebraron en las últimas horas las conclusiones que la Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió sobre el caso argentino, a raíz de las denuncias presentadas por el sindicalismo contra la administración del presidente Javier Milei.

El organismo multilateral instó al Gobierno argentino a adoptar "medidas inmediatas, efectivas y en un plazo determinado" para "garantizar el buen funcionamiento de mecanismos de diálogo social tripartito adecuados y efectivos", así como para "velar porque las reformas laborales se desarrollen mediante consultas sustantivas con las organizaciones más representativas de los trabajadores y los empleadores". La CGT calificó las decisiones oficiales como "una inaceptable intromisión en la vida interna de las organizaciones gremiales" que afecta principios consagrados en la Constitución Nacional y en los convenios internacionales de la OIT.

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