Un desbalance financiero de más de 140 mil millones de pesos, medidos en moneda constante, acumuló la provincia de Tucumán durante los primeros cuatro meses de 2026, según las conclusiones de un documento difundido por la Fundación Federalismo y Libertad.

El trabajo, firmado por los economistas Bernabé Salas Arón y Pablo Agustín Pero, señala que ese resultado interrumpe una etapa de seis años durante los cuales la administración local había mantenido sus números bajo control. La publicación, a la que pudo acceder este medio, destaca que el deterioro no afecta solo la magnitud del rojo sino también su composición: mientras las erogaciones corrientes se expandieron un 6,8% en términos reales respecto del mismo lapso de 2025, la partida destinada a obras públicas y capital físico se contrajo un 31%.

La investigación de Salas Arón y Pero advierte que la lógica histórica de la provincia —generar ahorros estratégicos en los primeros cinco meses del año para hacer frente al medio aguinaldo— “se fracturó por completo” al inicio de 2026.

El déficit financiero registrado entre enero y abril triplica casi, descontada la inflación, al observado en igual período de 2020, un año atípico por las restricciones impuestas durante la pandemia de COVID-19. Los autores explican esta situación a partir de dos fenómenos concurrentes: una merma significativa en los recursos coparticipables (el IVA cedió un 8,6% real y Ganancias un 3,75%) y una falta de reacción en el gasto provincial, que se elevó hasta ubicarse apenas 0,6% por debajo del máximo histórico alcanzado en 2023.

Casi tres cuartas partes de los ingresos que percibe Tucumán provienen de transferencias nacionales, una dependencia estructural que hace más vulnerable a la provincia ante cualquier oscilación de la recaudación federal. Pero el punto más álgido del informe reside en la comparación de la estructura del gasto: en los primeros cuatro meses de 2023, las erogaciones de capital representaban el 5,15% del total; en igual lapso de 2026, ese porcentaje se hundió al 2,3%.

“Mayor gasto operativo, menor gasto en infraestructura y/o inversión”, concluyen los economistas. A nivel municipal, el documento detecta la “virtual desaparición de las transferencias de capital” hacia comunas y municipios, mientras los subsidios a esos gobiernos subprovinciales crecieron un 40% real frente a 2023, en un contexto de transparencia limitada que impide conocer el destino exacto de esos fondos extraordinarios.

Uno de los apartados que generó mayor controversia es la verificación del uso del fondo anticíclico. El gobernador Osvaldo Jaldo había manifestado en abril que había recurrido a esa reserva para abonar salarios, pero la ejecución presupuestaria mensual revisada por la fundación muestra “$0 a la integración del fondo y $0 en usos del mismo fondo” en todos los meses analizados.

El informe sugiere que, si esa cuenta está registrada en otra categoría, la información pública disponible no lo aclara, lo que introduce opacidad. En una comparación regional, Tucumán aventaja a sus vecinas del NOA por la celeridad con que publica sus datos —la única que a comienzos de junio tenía disponibles las ejecuciones del primer cuatrimestre— aunque la disparidad de criterios entre jurisdicciones impide una comparación precisa de la gravedad de la crisis.

La réplica del Ministerio de Economía tucumano

El titular de la cartera fiscal provincial, Daniel Abad, respondió al estudio con una serie de publicaciones en su cuenta de X en las que calificó el análisis como “parcial y malintencionado”.

Abad cuestionó específicamente la omisión del gasto destinado a nuevas infraestructuras carcelarias y de seguridad. “Ya no hay dudas. Ignorancia y mala intención. A menos que se quiera hacer creer a los tucumanos que las inversiones en una cárcel nueva, Benjamín Paz y la Alcaldía de Delfín Gallo, los detenidos se cuidan solos. Que no nos tomen el pelo”, posteó el funcionario.

Desde la Dirección de Programación Económica, su titular Felipe Fernández profundizó la defensa de la gestión. Explicó que el incremento en la partida de personal obedece a la incorporación de 3.100 agentes del escalafón seguridad a partir de mayo de 2025, afectados al penal de Benjamín Paz y al departamento general de policía. “Bien leído, es una inversión”, sostuvo Fernández.

Además, argumentó que si se excluye del gasto corriente acumulado a abril la masa salarial, el resto de las erogaciones nominales crecieron un 25,5% que, descontada la inflación, se traduce en una “caída de 5,5% en términos reales”, lo que demostraría una política de austeridad en el funcionamiento cotidiano.

Fernández también criticó la temporalidad del análisis: medir el desempeño fiscal en los primeros cuatro meses del año puede arrojar señales engañosas por razones estacionales, recordó, y subrayó que el ejercicio 2025 cerró con un superávit declarado de $14.000 millones.

Finalmente, el funcionario atribuyó el actual déficit a la recesión que afecta al país —una merma del 5,6% real en los recursos provinciales respecto del primer cuatrimestre de 2025— y rechazó cualquier evaluación que ignore ese contexto o las inversiones estratégicas en infraestructura penitenciaria.