La provincia de Tucumán muestra un escenario de doble velocidad en materia de infraestructura. Por un lado, la administración de Osvaldo Jaldo reporta un plan de obra pública que califica de histórico, con más de 70 frentes abiertos de manera simultánea y 170 kilómetros de pavimento recuperados en la red vial provincial. Por el otro, la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, reconoció que la capital tiene cinco proyectos prioritarios paralizados desde hace tres años por la imposibilidad de acceder a los créditos soberanos que requieren la firma del Ministerio de Economía de la Nación.

Los datos surgieron de dos apariciones públicas sucedidas este jueves. El ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, trazó un balance de la gestión provincial con cifras ambiciosas. Horas antes, en la Convención Regional NOA de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la jefa municipal había puesto el foco en los cuellos de botella financieros que traban las obras de la ciudad más poblada de la provincia.

El número de la provincia

Nazur aseguró que el plan vial en ejecución no tiene precedentes. "Contamos con un plan histórico de recuperación de nuestra red vial provincial, con más de 170 kilómetros nuevos recuperados", afirmó, y precisó que esa traza tiene una extensión superior a los 1.000 kilómetros. El funcionario añadió que el trabajo también alcanza a la red terciaria, en articulación con el Ministerio del Interior.

Sobre las rutas nacionales que atraviesan la provincia —más de 600 kilómetros—, el ministro reiteró la postura fijada por el gobernador Jaldo: "Cada jurisdicción se debe hacer cargo de las rutas que les corresponde. La Nación tiene que hacer las obras y tiene que hacer el mantenimiento". Pese a esa delimitación de responsabilidades, reconoció que el gobierno tucumano colabora con Vialidad Nacional mediante la entrega de mezcla asfáltica para bacheos y tareas de desmalezamiento.

A las obras viales se suman las intervenciones ya visibles en la remodelación integral de la Terminal de Ómnibus de la capital, donde según Nazur "ya han lanzado las obras gruesas" y se registran demoliciones en la playa de estacionamiento. Además, el receso invernal fue aprovechado para realizar trabajos de refacción en más de 20 escuelas del interior provincial, con arreglos en núcleos sanitarios, pisos, cielorrasos y recambio de cubiertas de techos.

El freno en la capital

En el mismo día, la intendenta Chahla expuso un diagnóstico menos optimista para la órbita municipal. Durante su participación en el encuentro de CAMARCO, realizado en el Hotel Sheraton, reveló que tiene identificadas más de 20 obras necesarias para la ciudad, pero admitió que cinco de esos proyectos están trancados por la imposibilidad de destrabar financiamiento internacional.

"Estamos estancados hace tres años y no podemos avanzar con cinco proyectos", sostuvo Chahla, y explicó que los préstamos que tradicionalmente llegaban del BID, del BCIE o de la CAF "requieren la firma del Gobernador y del Ministerio de Economía de la Nación" y que esa vía se encuentra cerrada. Ante ese panorama, la intendenta anticipó que el municipio evalúa mecanismos alternativos como créditos subsoberanos y fideicomisos. "No hay duda de que la obra pública y la infraestructura hacen crecer a las ciudades; ahora el desafío es definir cómo, cuándo y con qué recursos hacerlo", dijo.

Chahla puso como ejemplo de las urgencias estructurales el problema de las inundaciones y sostuvo que la solución solo puede llegar mediante un esquema de cooperación público-privada: "No entendemos otra manera que no sea a través de este puente entre el sector público y el privado". Además, adelantó que la semana próxima se anunciarán medidas para agilizar la llegada de inversores, en el marco de la reforma del Código de Planeamiento Urbano.

De este modo, mientras la administración provincial destaca la cantidad de obras en ejecución y los kilómetros de asfalto nuevo, la ciudad capital enfrenta el desafío de reactivar sus proyectos de infraestructura más urgentes sin contar con el respaldo de los créditos que durante años dependieron de la firma de la Casa Rosada.