La Secretaría de Trabajo pondrá en marcha uno de los ejes más controversiales de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. A través de su titular, Julio Cordero, el organismo intimará a empresarios y dirigentes sindicales a renegociar 150 convenios colectivos de trabajo que se encuentran vencidos, con el objetivo de actualizar cláusulas vinculadas a condiciones laborales y aportes solidarios, según lo establece la Ley 27.802 de Modernización Laboral.

La medida se enmarca en el Decreto N°407, publicado el lunes pasado (1 de junio de 2026) en el Boletín Oficial, que reglamenta la mencionada ley. Desde la administración libertaria sostienen que estos cambios fomentarán la generación de empleo. En cambio, la Confederación General del Trabajo (CGT) anticipó que la normativa traerá “precarización” y “aniquilación de los derechos” de los trabajadores.

El procedimiento dispone que la Secretaría de Trabajo dará por vencidos aquellos convenios cuyo plazo original de vigencia ya haya expirado. Cordero comenzará la convocatoria con 150 acuerdos e irá sumando el resto según su fecha de caducidad, para que se adecúen a la nueva legislación.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, justificó la medida al señalar que existen convenios colectivos negociados “hace más de 50 años, vencidos y firmados por partes que en muchos casos no existen”. Sin embargo, el abogado de la CGT, Gustavo Ciampa, replicó que “desde 2003 existe negociación colectiva permanente en prácticamente todas las actividades” y que “los convenios se renovaron en todo aquello que las partes quisieron renovar”.

Más allá de los plazos legales, desde el Gobierno aseguraron que no apurarán a las partes con un cronograma rígido. La intención es que empresarios y sindicalistas inicien las discusiones para incorporar cambios laborales y tecnológicos propios de cada actividad por fuera del ámbito estatal, y luego presenten el nuevo convenio para su homologación. Ese paso final implica el aval oficial para que el contenido sea obligatorio para todos los empleadores y trabajadores comprendidos en su ámbito de aplicación, incluso para quienes no participaron en la negociación.

La ley también faculta a la Secretaría de Trabajo a suspender la homologación si la aplicación del convenio “genera distorsiones económicas graves que afecten el interés general o la aplicación de otras normas dictadas en protección de toda o parte de la población”, otro de los puntos criticados por la CGT.

En el fondo, la reforma elimina el principio de ultraactividad, que hasta ahora mantenía vigente un convenio colectivo incluso después de su vencimiento hasta que fuera reemplazado por uno nuevo. Ese mecanismo evitaba que los trabajadores perdieran derechos adquiridos en caso de estancamiento de las negociaciones y era considerado por los gremios como una garantía clave de estabilidad laboral.