El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó formalmente este miércoles la reforma del régimen de Inocencia Fiscal que el oficialismo buscará tratar en el Congreso a partir de agosto. La iniciativa apunta a movilizar una porción de los USD 170.000 millones que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero, pero antes de que arranque el debate parlamentario ya encendió un frente de rechazo opositor que se concentra en un único punto: la inclusión de funcionarios públicos entre los posibles beneficiarios.

Caputo defendió la esencia de la propuesta. “El espíritu de la ley no cambia en absolutamente nada. Lo que nosotros queremos es que haya mayor inversión y la contracara es el ahorro que está, pero abajo de los colchones. Lo que nosotros necesitamos es que se vuelque al mercado financiero”, explicó. El ministro no hizo sin embargo ninguna referencia a las derivaciones del caso de Manuel Adorni, el exjefe de Gabinete investigado por enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública y dádivas, quien había adherido al Régimen Simplificado de Ganancias en el marco de la ley vigente.

La versión actual de la norma fue aprobada en diciembre pasado y, según el propio Gobierno, no cumplió con las expectativas. Expertos tributistas y asociaciones de contadores advirtieron que el texto original exponía a los contribuyentes ante un eventual cambio de gestión en 2027. Para corregir ese diagnóstico, el proyecto que ahora impulsa el Palacio de Hacienda elimina los topes de ingresos y patrimonio que se habían fijado en $1.000 millones y $10.000 millones respectivamente, y redefine el concepto de “discrepancia significativa”, una pieza central en la interpretación del alcance del blanqueo y sus consecuencias tributarias.

Sin embargo, la atención se desplazó de inmediato hacia la cláusula que habilita a funcionarios, familiares directos y otras personas políticamente expuestas a adherir al régimen.

“La nueva ley de ‘Inocencia fiscal’ beneficia a funcionarios y políticos. Otra ley hecha a medida. No solo premian a los grandes evasores, ahora también habilitan un régimen para quienes ejercen la función pública. Los que venían a convertir la moral en política de Estado son, en realidad, profundamente amorales”, planteó Agustín Rossi, de Unión por la Patria.

En la misma línea, el diputado Eduardo Valdés presentó un proyecto para excluir expresamente a los funcionarios públicos y a las personas políticamente expuestas. “Quienes administran recursos del Estado tienen un deber reforzado de transparencia y deben estar sometidos a mayores controles patrimoniales, no a menos”, argumentó, y recordó que las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) establecen controles reforzados para esos perfiles por el mayor riesgo de corrupción asociado a la función pública.

Desde Provincias Unidas, el diputado Pablo Juliano también salió al cruce. “La primera Inocencia Fiscal la metieron por la ventana en la madrugada del 18 de diciembre. En el recinto pedimos excluir a los funcionarios, pero no quisieron. ¿Qué pasó después? La usaron Adorni, Francos, Sturzenegger, Felipe Núñez y Espert. ¿Creen que el gobierno recapacitó? No. La ‘Inocencia Fiscal 2’ sigue abierta para ellos. La doctrina Adorni sigue vigente: no declarar y evadir todo lo que se pueda”, dijo.

Su compañero de bloque, Esteban Paulón, también presentó una iniciativa para dejar afuera a los funcionarios y resumió: “La ley no puede ser un salvavidas para los poderosos”.

Los números que respaldaron la primera versión

Cuando en diciembre se aprobó la primera Inocencia Fiscal, el oficialismo reunió 130 votos gracias al respaldo del PRO, la UCR, el MID, los peronistas tucumanos de Independencia, los salteños y misioneros de Innovación Federal, los sanjuaninos de Producción y Trabajo, los peronistas catamarqueños de Elijo Catamarca y un diputado de Por Santa Cruz. Se trata de un esquema de alianzas que el Gobierno logró sostener a lo largo del año en la mayoría de las votaciones importantes y sobre el que deberá volver a trabajar si pretende que la reforma supere el filtro del recinto.