El Gobierno nacional y las universidades públicas estuvieron cerca de destrabar el conflicto presupuestario, pero las conversaciones quedaron estancadas luego de que el Ejecutivo condicionara la mejora de los fondos al retiro de la demanda judicial impulsada por las casas de estudio. La propuesta oficial contempló una recomposición salarial del 24,3% para los docentes universitarios, destinada a compensar la pérdida del poder adquisitivo acumulada entre 2024 y mayo de 2026, según explicaron fuentes de la negociación.

El esquema presentado por la administración nacional establecía el aumento en dos tramos: un 21,3% en junio y el 3% restante en octubre. Además, el plan incluía la creación de una comisión técnica para analizar los reclamos pendientes correspondientes a 2024 y avanzar en negociaciones paritarias trimestrales. Entre los puntos ofrecidos también figuraron un incremento del 50% en las becas Manuel Belgrano, una suba del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades y un refuerzo de 50 mil millones de pesos para hospitales universitarios.

Fuentes del ámbito universitario calificaron la propuesta como “razonable” y reconocieron que representaba un avance significativo en las conversaciones. Sin embargo, el acuerdo se frustró cuando el Gobierno exigió como condición sine qua non que las instituciones retiraran la demanda judicial que reclama la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Esa normativa, aprobada por el Congreso, establece actualizaciones de salarios y becas en función de la inflación. Su implementación implicaría una erogación estimada en alrededor de 2,5 billones de pesos, cifra que el Ejecutivo considera incompatible con su objetivo de sostener el equilibrio fiscal.

Desde el sector universitario rechazaron de plano el planteo oficial. “Eso no va a suceder de ninguna manera. No estamos dispuestos a hacerlo y no es modificable esa situación”, señalaron los rectores, quienes consideran que la presentación judicial constituye una herramienta fundamental para garantizar el financiamiento del sistema. Pese a las diferencias, ambas partes reconocen que existen puntos de coincidencia y mantienen abiertas las negociaciones, aunque por ahora la resolución del conflicto continúa atada a una condición que ninguna de las dos está dispuesta a ceder.