La Justicia provincial de Tucumán decidió avanzar con una investigación penal contra diez mujeres de la ciudad de Graneros, en el sur de la provincia. Todas ellas participaron de una protesta para reclamar asistencia estatal tras las inundaciones que afectaron a distintos sectores de esa localidad.

La causa se originó por una denuncia presentada por la intendenta de Graneros, Raquel Graneros, y por su madre, María Alejandra Cejas. Ambas afirmaron haber sido víctimas de amenazas durante un episodio ocurrido el pasado 28 de abril, cuando salían de una ceremonia religiosa realizada al cumplirse un mes del fallecimiento de un familiar. La abogada Paula Morales Soria patrocina a las denunciantes.

Según el escrito judicial, un grupo de aproximadamente diez mujeres interceptó el vehículo en el que se trasladaban madre e hija, impidiendo su circulación durante varios minutos. Las denunciantes sostienen que las manifestantes profirieron amenazas vinculadas a un supuesto incendio de su vivienda y agresiones contra su integridad física. El bloqueo, añade la denuncia, se mantuvo hasta la llegada de la policía.

La imputación y el rechazo de las acusadas

En la audiencia de formulación de cargos, realizada en el Centro Judicial Concepción, el Ministerio Público Fiscal imputó a las diez mujeres por el delito de amenazas simples en calidad de coautoras. La fiscalía también solicitó medidas de coerción de menor intensidad para garantizar el avance de la investigación.

Las acusadas rechazaron los cargos. Varias de ellas declararon ante el juez entre lágrimas. Verónica Lorena Figueroa, una de las imputadas, sostuvo que la movilización tuvo como único objetivo reclamar asistencia para las familias afectadas por las inundaciones en los barrios Buenos Aires y Santa Rita.

“Fuimos a la plaza a manifestarnos pacíficamente porque nos habíamos inundado. Queríamos que nos escucharan y que Desarrollo Social nos ayudara. Lo único que buscábamos era entregar una nota y hablar con la intendenta”, expresó durante la audiencia.

Figueroa aseguró que nunca agredió a la jefa municipal ni tocó el vehículo. “Soy madre, abuela y una persona de bien. Nunca pensé llegar a esta situación por pedir obras para nuestro pueblo”, manifestó.

El reclamo de asistencia y la crítica al sistema penal

Otra de las imputadas relató que había intentado gestionar ayuda para reparar los daños en su vivienda tras las inundaciones, pero nunca pudo acceder a una audiencia con las autoridades municipales.

La defensa de nueve de las diez mujeres estuvo a cargo de la abogada Tania Pamela Visintini. La letrada cuestionó la formulación de cargos por considerarla genérica y por no individualizar la conducta atribuida a cada una de las imputadas. En diálogo con Tendencia de Noticias, Visintini explicó que el juez hizo lugar parcialmente a ese planteo y solicitó a la fiscalía que precise con mayor detalle la participación de cada acusada.

Visintini también criticó la utilización del sistema penal en un conflicto que, a su entender, surgió de un reclamo social vinculado a las consecuencias de las inundaciones. La defensora señaló que existen registros audiovisuales incorporados al expediente que, según su interpretación, contradicen parte de los hechos denunciados.

Las medidas cautelares y la continuidad de la investigación

El juez Enrique Martín Cacici resolvió, tras un cuarto intermedio, que la investigación continúe. Dispuso medidas de coerción de menor intensidad para las imputadas: deberán mantenerse a disposición de la Justicia, someterse al proceso y cumplir una prohibición de acercamiento y contacto con las denunciantes por cualquier medio, incluyendo redes sociales y plataformas digitales. La restricción tendrá un radio de 200 metros y una vigencia de seis meses.

El magistrado habilitó a las partes a continuar incorporando pruebas para determinar si existieron o no las amenazas denunciadas y definir la eventual responsabilidad de las mujeres investigadas. La causa seguirá ahora en etapa investigativa, mientras la fiscalía y la defensa avanzan con testimonios, análisis de videos y demás elementos probatorios para reconstruir lo ocurrido durante aquella protesta.

Casa de Gobierno: madre e hija reunidas con el ministro Monteros

Paralelamente, fuentes oficiales confirmaron que Raquel Graneros y su madre, María Alejandra Cejas, mantuvieron una reunión en Casa de Gobierno con el ministro del Interior de Tucumán, Darío Monteros. El contenido del encuentro no trascendió oficialmente.