No fue una auditoría compleja ni un peritaje de larga data. Los investigadores de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos N° 4, a cargo del fiscal Carlos Saltor, encontraron las primeras pruebas contundentes en simples conversaciones de WhatsApp. En esos chats, el abogado Alfredo Aydar reconoce ante un interlocutor que colocó 33,5 millones de pesos –el dinero de su clienta, una joven de 21 años víctima de abuso sexual– en préstamos personales en Santiago del Estero, con una promesa de retorno del 2,5% mensual. El problema, consigna el expediente, es que no hay constancia de ningún préstamo real.

Esa conversación es hoy una de las piezas centrales de la causa caratulada “Aydar Alfredo y otro s/ estafa, retención indebida y administración fraudulenta agravada”. La otra persona imputada es Silvia Aydar, socia del letrado. Ambos representaban legalmente a la joven, quien había obtenido una reparación económica por el daño sufrido. Esa reparación incluyó una camioneta Ford Ranger 2023 valuada en 50 millones de pesos, que luego se vendió por 33,5 millones a un tercero vinculado al acusado principal.

La mecánica del supuesto desapoderamiento

El relato de la víctima, protegido por orden de reserva, describe un mecanismo de manipulación paulatina. Según la denuncia, una vez vendido el vehículo, Alfredo Aydar disuadió a la joven de depositar el dinero en una entidad bancaria. Los argumentos esgrimidos fueron dos: el temor a un nuevo “corralito” –una medida que el Gobierno no ha anunciado ni está en agenda– y los riesgos de seguridad en la zona donde residía la joven. De este modo, la clienta entregó el efectivo a sus abogados para que lo custodiasen.

A partir de ese momento, la acusación sostiene que los letrados dispusieron del dinero como si fuera propio. Las tareas de campo ya realizadas por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) incluyeron allanamientos simultáneos en el estudio jurídico y en el domicilio particular de los Aydar. Allí, los perros, los técnicos y los fiscales auxiliares Luis Macedo y Giuliana Ricciuti supervisaron el secuestro de teléfonos celulares, computadoras portátiles y documentación contable.

La línea federal que asoma

Uno de los aspectos que más atención concita en la fiscalía es la operatoria financiera desplegada por el abogado. Al tomar dinero de un tercero y prestarlo a nombre propio sin garantías, sin contratos y sin autorización expresa de la dueña del capital, Aydar habría incurrido en una actividad de intermediación financiera no autorizada. Dado que esa conducta está regulada por el Banco Central, el fiscal Saltor no descartó elevar las actuaciones al fuero federal en caso de que surjan elementos más sólidos.

La defensa de los imputados, por su parte, salió al cruce de las acusaciones. En declaraciones a medios tucumanos, los abogados negaron cualquier ilícito y afirmaron que la denuncia responde a conflictos previos no vinculados al manejo de los fondos. Sin embargo, no presentaron hasta el momento contratos de préstamo ni rendiciones de cuentas que respalden su versión.

El contexto: un abogado mediático bajo la lupa

Alfredo Aydar llegó a los titulares nacionales como querellante en la causa por la estafa piramidal de Adhemar Bacchiani, un caso que conmocionó al norte argentino con miles de damnificados por inversiones en criptomonedas. Pero su rol en ese expediente también generó controversias. En Catamarca, el fuero federal aún no ha resuelto su situación procesal en una causa por presunto prevaricato y amenazas, también derivada del caso Bacchiani.

Ahora, esta nueva investigación en Tucumán añade una capa más de escrutinio público sobre su práctica profesional. Y, más allá del nombre del imputado, la causa expone una realidad incómoda: qué sucede con el dinero de las reparaciones cuando quienes deben protegerlo son quienes terminan disponiendo de él. La Justicia tucumana buscará responder esa pregunta en las próximas semanas, con el análisis del material secuestrado y la posible ampliación de la imputación.