El pedido de incremento en la tarifa del transporte urbano de pasajeros en San Miguel de Tucumán quedó en un punto muerto este martes 19 de mayo de 2026, luego de que la Secretaría de Movilidad Urbana elevara al Concejo Deliberante un informe técnico que desacredita la solicitud empresaria y advierte que el municipio financia con recursos propios obligaciones que corresponden al gobierno nacional.

El documento, incorporado al expediente 1909/2026 y dirigido al secretario general Rodrigo Gómez Tortosa, fue elaborado en respuesta a un pedido de información del cuerpo legislativo local. Allí, la cartera municipal concluye que el servicio funciona con graves deficiencias, que las compañías no aportaron datos serios para sustentar una suba y que la comuna lleva meses cubriendo un agujero financiero que debería tapar la Nación.

El estudio de costos empresario: un boleto de $2.400 sin respaldo

La Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) había presentado un estudio propio en el que advertía que el boleto inicial debería costar 2.400 pesos. Sin embargo, el análisis municipal desmenuza las falencias de ese informe: carece de memoria descriptiva, metodología de cálculo, documentación de respaldo y criterios de imputación de costos. Tampoco identifica la estructura empresarial modelo, ni precisa la cantidad de unidades, el kilometraje mensual, la dotación de personal, el consumo de combustible o la cantidad de pasajeros transportados.

Algunos rubros aparecen con etiquetas tan genéricas como “Gastos Generales y de Administración”, “Interés del Capital Invertido” o “Gerentes y Asesores Externos”, sin que se acompañen balances, estados contables ni registros auditados. Por todo ello, la Secretaría sostiene que no cuenta con los elementos mínimos para emitir una opinión fundada sobre la estructura de costos presentada. En consecuencia, si los concejales deciden aumentar el boleto, deberán hacerlo sin el respaldo técnico del Ejecutivo municipal.

El estado crítico de las unidades y las quejas de los usuarios

El relevamiento oficial describe un parque automotor envejecido. De las 377 unidades declaradas ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el 52 por ciento fue fabricado entre 2008 y 2015, lo que significa que uno de cada dos colectivos superó o está en el límite de su vida útil operativa según los parámetros habituales del sector.

Esa realidad se traduce en los reclamos ciudadanos registrados por el sistema de Atención al Ciudadano. El 45 por ciento de las quejas se refiere a problemas de frecuencia y tiempos de espera; el 30 por ciento, a conductas de los choferes; y el 17 por ciento, al estado de las unidades. Además, el Centro de Monitoreo de Movilidad Urbana (CeMMU) detectó diferencias sistemáticas entre el servicio programado y el efectivamente prestado en distintos ramales y horarios.

Pese a todo ello, el sistema mueve cifras significativas: unas 125.000 transacciones diarias, más de 2,6 millones durante abril de 2026 y más de 7,7 millones de viajes registrados entre enero y junio del corriente año. Una porción relevante corresponde a beneficiarios del Boleto Estudiantil Municipal (BEM), del Boleto Estudiantil Provincial y de los atributos sociales nacionales del sistema SUBE.

El esquema de subsidios municipales y la deuda nacional

El informe detalla tres erogaciones mensuales que sostiene la gestión de Arnedo. La primera es el pago del 53 por ciento del valor de cada viaje realizado por beneficiarios del BEM. La segunda es una compensación retroactiva de 900 millones de pesos mensuales, establecida en un acta acuerdo de noviembre de 2025 entre AETAT, la Municipalidad y el Concejo Deliberante, de la cual se descuenta un anticipo previo de 800 millones. En abril, además, se realizó un anticipo extraordinario de otros 900 millones, que las empresas deberán devolver en cuatro cuotas de 225 millones a partir de mayo.

La tercera erogación es la más sensible desde el punto de vista institucional. El municipio está adelantando con fondos propios las compensaciones por los atributos sociales del sistema SUBE (la Tarifa Social Federal), una obligación que corresponde al gobierno nacional. Según el informe, esos fondos no son transferidos a la provincia desde diciembre de 2025, y la comuna decidió cubrirlos para garantizar la continuidad del servicio, sin que el Estado nacional haya efectuado reintegro alguno hasta la fecha. Se trata de unos 400 millones de pesos mensuales.

En definitiva, el secretario de Movilidad Urbana no avalanza el aumento pero tampoco lo cierra por completo. Su posición es que la fijación de la tarifa es potestad exclusiva del Concejo Deliberante, y que su cartera simplemente carece de los instrumentos técnicos para opinar sobre los costos presentados. La pelota queda en el tejado de los concejales.