El conflicto institucional que atraviesa la Universidad Nacional de Tucumán ha llegado a un punto de definición. La Cámara Federal de Apelaciones emitió una sentencia que dejó sin efecto la postulación de Sergio Pagani para un nuevo período al frente de la casa de altos estudios.

Esa decisión judicial obliga a modificar el cronograma electoral que estaba previsto para cerrar esta semana con la designación de rector y vicerrector. Los nuevos mandatos se extenderían hasta 2030.

Fuentes cercanas al proceso indicaron que la Junta Electoral dictará este lunes una nueva resolución. El documento ajustará parcialmente las fechas establecidas, abriendo un lapso adicional para la inscripción de candidaturas.

Como consecuencia, la Asamblea Universitaria convocada originalmente para el miércoles quedaría postergada. El objetivo es adecuar todo el mecanismo a la medida cautelar que impidió a Pagani competir, al considerar objetable una repostulación inmediata.

La Asamblea debía reunir a 161 representantes para elegir a las máximas autoridades. Ahora, todo indica que esa sesión se suspenderá hasta que se defina un nuevo esquema electoral y se oficialicen otras fórmulas.

Voceros vinculados al proceso señalaron que los cambios alcanzarán únicamente a la elección de rector y vicerrector. El resto del calendario institucional seguirá su curso sin alteraciones.

De este modo, continuarán adelante las asunciones de decanos electos, las designaciones en escuelas experimentales y la elección del director del Consejo de Escuelas Experimentales, fijada para el 22 de mayo.

También aclararon que, por ahora, no habrá pronunciamientos sobre otras impugnaciones relacionadas con eventuales terceros mandatos dentro de la universidad. Entre esos casos se encuentran el de la decana de Psicología, Silvia López de Martín, y la situación del consejero estudiantil Pablo Almeda en Ciencias Exactas.

Reacomodamiento político en el oficialismo

El fallo judicial provocó un fuerte reordenamiento dentro del espacio que hasta la semana pasada se mostraba sólido alrededor de la dupla Pagani-Leal. La actual vicerrectora, Mercedes Leal, y el decano de Ciencias Económicas, Jorge Rospide, comenzaron a sonar como potenciales reemplazantes.

Leal es doctora en Ciencias de la Educación. Antes de acompañar a Pagani en la fórmula que ganó en 2022, fue decana de Filosofía y Letras durante dos períodos consecutivos.

Dentro del oficialismo consideran que su eventual candidatura permitiría sostener la continuidad política del espacio actual. Además, ayudaría a conservar los acuerdos alcanzados con distintos sectores académicos en los últimos años.

Rospide, por su parte, logró este año su reelección al frente de la Facultad de Ciencias Económicas sin competencia interna. Mantiene vínculos con diversas fuerzas universitarias, algo que en el oficialismo ven como clave en medio de la incertidumbre.

Hasta el momento no hay una definición oficial sobre quién encabezará la fórmula ni quién ocupará el lugar de vice. Tampoco se descarta que surjan otros nombres en las próximas horas, en medio de intensas negociaciones entre decanos, consejeros y sectores políticos.

El respaldo previo y la nueva disputa

Antes de la resolución judicial, el oficialismo universitario mostraba una posición dominante. Durante las elecciones de la semana pasada en los claustros —docentes, no docentes, estudiantes y egresados—, el espacio alineado con Pagani y Leal había consolidado una amplia mayoría en gran parte de las facultades.

Ese respaldo también quedó expuesto el 30 de abril, cuando la fórmula Pagani-Leal formalizó su candidatura ante la Junta Electoral acompañada por 11 de los 13 decanos. Esa imagen buscó demostrar fortaleza política de cara a la Asamblea.

La caída de la candidatura de Pagani modificó ese escenario por completo. El fallo no solo alteró el cronograma institucional, sino que además reactivó tensiones políticas y jurídicas que vienen atravesando a la UNT desde el inicio del proceso electoral.

En paralelo, distintos sectores opositores comenzaron a reclamar nuevas definiciones sobre el alcance del fallo y sobre otros casos que podrían quedar bajo cuestionamiento. Entre ellos aparecen situaciones vinculadas a reelecciones en facultades y representaciones estudiantiles.

La judicialización del proceso universitario también se profundizó luego de las presentaciones impulsadas por sectores vinculados a Miguel Cabrera y Virginia Abdala, quienes vienen cuestionando distintos aspectos del desarrollo electoral y reclamando proclamaciones automáticas en algunos casos.

Expectativa por la resolución de la Junta Electoral

Mientras tanto, en la UNT crece la expectativa por la resolución que emitirá la Junta Electoral y por la posibilidad de que se abra formalmente un nuevo período de inscripción de fórmulas para competir por el Rectorado.

La decisión marcará el inicio de una nueva etapa política dentro de la universidad, en un escenario atravesado por negociaciones, reacomodamientos internos y una fuerte incertidumbre institucional tras la suspensión de la candidatura de Pagani.