La justicia federal avanza en una investigación por presuntos pagos ilegales destinados a agilizar permisos de importación durante la administración de Alberto Fernández. El fiscal Franco Picardi ya tiene identificados a “dos de los cuatro empresarios” que habrían entregado sobornos para acceder a las autorizaciones conocidas como SIRA y, con ellas, a dólares a precio oficial que luego serían vendidos en el mercado paralelo. Los hechos bajo la lupa ocurrieron entre 2020 y 2023, en plena vigencia del cepo cambiario y del sistema SIRA implementado cuando Sergio Massa estaba al frente de la cartera económica.

De acuerdo con lo que surge del expediente, las comisiones ilegales habrían representado entre el 10 y el 15 por ciento del valor total de cada operación. Entre los señalados por la pesquisa figura Germán Cervantes, quien ocupó el cargo de subsecretario de Política y Gestión Comercial y fue el segundo al mando de la Secretaría de Comercio que lideraba Matías Tombolini. Según información publicada por Clarín, Cervantes tenía un rol central en la administración del sistema de importaciones.

El sumario también incluye material audiográfico y fílmico atribuido al financista Martín Migueles, quien mantuvo un vínculo sentimental con Wanda Nara. Ese material fue secuestrado en más de treinta allanamientos y muestra referencias a la adquisición de relojes suntuosos, automóviles de alta gama y celebraciones por la disparada de la brecha cambiaria. Migueles estaría vinculado además a la casa de cambios ARG Exchange, una entidad que, según la causa, habría movilizado unos 250 millones de dólares en conjunto con otras agencias y bancos que todavía están bajo análisis judicial.

Otro de los nombres que aparecen en la investigación es el de Daniel Chiliutti, quien se desempeñaba como director general de Relaciones Comunitarias y Programas Especiales en la Municipalidad de Tigre. El dictamen sostiene que Chiliutti habría facilitado la habilitación de la agencia ARG Exchange en ese partido bonaerense.

Los audios analizados por el fiscal coinciden en sus fechas con la emisión de permisos SIRA a empresas que hoy son investigadas por presuntas importaciones fraudulentas y maniobras de lavado de activos.