Al menos 1.642 personas fallecieron y otras 745 sufrieron heridas durante los primeros tres meses de 2026 en Haití como consecuencia de la escalada de violencia protagonizada tanto por pandillas criminales como por las fuerzas estatales, según un balance difundido este sábado por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH). El informe, que abarca el período de enero a marzo, confirma que el país atraviesa una crisis humanitaria y de seguridad sin antecedentes, agravada por la introducción de nuevas tecnologías letales en el conflicto.

De acuerdo con el documento de la BINUH, el 69% de las víctimas mortales registradas en el trimestre corresponden a operaciones policiales dirigidas a desarticular a los grupos armados. Ese porcentaje incluye a decenas de civiles que perdieron la vida en esos operativos, entre ellos menores de edad. Por su parte, las propias organizaciones criminales fueron responsables del 27% de las muertes, mientras que el 4% restante se atribuye a acciones de grupos de autodefensa.

El organismo internacional también puso el foco en la aparición de nuevos mecanismos de guerra urbana. Al menos 69 personas resultaron muertas o heridas por el uso de drones equipados con explosivos, una tecnología que ya forma parte del repertorio violento en el país.

Sobre la situación en la capital, el representante de la BINUH, Carlos Ruiz Massieu, declaró que, pese a los progresos en seguridad logrados en algunos sectores del centro de Puerto Príncipe, “la inseguridad es diaria e insostenible para un gran número de haitianos”. Aunque el despliegue oficial ha conseguido frenar la expansión territorial de las pandillas en el casco céntrico, los grupos criminales mantienen su control en múltiples zonas mediante asesinatos selectivos, secuestros, extorsiones y la destrucción sistemática de propiedades.

La descomposición social en los territorios dominados por las pandillas se refleja además en un preocupante incremento de los delitos sexuales y de los crímenes contra niños y niñas. El informe de la ONU documentó que las bandas cometieron actos de violencia sexual contra más de 292 víctimas, con un impacto desproporcionado en mujeres y adolescentes de entre 12 y 17 años, quienes fueron sometidas a violaciones colectivas y explotación.

El texto oficial fue contundente al caracterizar esta práctica: “Los grupos armados siguen utilizando la violencia sexual como medio para castigar a las poblaciones que viven bajo su control, al igual que la trata de niños”. La afirmación evidencia el carácter punitivo, sistemático y profundamente arraigado de la criminalidad en la nación caribeña, donde la protección a la infancia y a las mujeres se ha convertido en uno de los mayores desafíos humanitarios del momento.