La jueza federal Sandra Arroyo Salgado afirmó, a 11 años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, que existen vínculos entre “los servicios de inteligencia del Gobierno y una empresa de Río Turbio” con el magnicidio. La magistrada realizó estas declaraciones durante una exposición ante socios del Rotary Club de Buenos Aires, en el marco de una charla titulada “Investigaciones complejas y credibilidad en la justicia”.

Arroyo Salgado, quien fue esposa del fiscal fallecido, sostuvo que “la Justicia ya despejó un primer tramo: se demostró que fue asesinado en manos de algunos oscuros del poder”. No obstante, se mostró pesimista respecto al esclarecimiento total del caso: “Difícilmente se llegue a dirimir los responsables de este magnicidio”. En ese sentido, añadió que existen “trascendidos sobre sus autores materiales” que señalan una conexión entre miembros de los servicios de inteligencia del actual Gobierno y una empresa ubicada en la localidad santacruceña de Río Turbio.

La investigación judicial por el homicidio de Nisman, ocurrido el 18 de enero de 2015 en el departamento del fiscal en las torres Le Parc de Puerto Madero, se encuentra delegada en la fiscalía federal a cargo de Eduardo Taiano. El caso se tramita en una dependencia especial fuera del edificio de Comodoro Py 2002, bajo la coordinación del auxiliar fiscal Hernán Kleiman, quien lidera un equipo de siete funcionarios judiciales que desde hace años impulsa las principales líneas investigativas.

La hipótesis central de la Justicia sostiene que sectores de inteligencia militar actuaron por fuera de sus funciones legales, tras las acusaciones que Nisman presentó cuatro días antes de su muerte contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, funcionarios y otros imputados por el supuesto encubrimiento del atentado contra la sede de la AMIA. El objetivo actual es esclarecer la actuación de un pequeño grupo de agentes de inteligencia del Ejército que, según se logró determinar, estuvieron en las inmediaciones del departamento del fiscal durante el fin de semana previo al hallazgo de su cuerpo con un disparo en la cabeza.

Hasta el momento, el único procesado en la causa es el técnico informático Diego Lagomarsino, señalado como supuesto partícipe por ser el dueño de la pistola Bersa calibre 22 con la que se efectuó el disparo. Si bien Lagomarsino declaró inicialmente que el propio Nisman lo llamó para pedirle el arma prestada, la investigación logró comprobar que la primera comunicación telefónica provino del propio Lagomarsino.

Durante su exposición, Arroyo Salgado también abordó los desafíos de la Justicia frente a la era digital y el crimen organizado. Señaló que “la virtualidad intensificada en post pandemia transformó la realidad” y que las instituciones actuales “no están funcionando adecuadamente” al haber sido concebidas para contextos previos. Denunció que personas privadas de libertad poseen celulares en cárceles, lo que les permite seguir delinquiendo, y propuso al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, incorporar en la reforma del código penal la privación de la “libertad virtual”. Además, advirtió que “la justicia argentina arrastra una deuda” en la investigación del crimen organizado y señaló que “detrás de un funcionario corrupto, hay un civil que lo corrompe”.