En Tucumán, el impacto de los aumentos en los servicios públicos ya no se mide solo en boletas impagables. Empieza a reflejarse en otro fenómeno, más silencioso pero igual de grave: el crecimiento de estafas vinculadas al acceso y regularización de servicios esenciales como la luz, el gas y el agua.

No es casual. Es consecuencia directa de un contexto económico que empuja a miles de usuarios a buscar soluciones urgentes frente a tarifas cada vez más difíciles de afrontar.

El mecanismo se repite con una precisión preocupante. A través de redes sociales o contactos informales, aparecen supuestos gestores o intermediarios que ofrecen reducción de deudas, eliminación de multas, regularización de conexiones o acceso más rápido a servicios. Todo con una promesa tentadora: resolver en días lo que el sistema formal demora meses.

Detrás de esa solución se esconde una operatoria aceitada. Los estafadores manejan información sensible, construyen un relato verosímil, simulan pertenecer a empresas prestatarias y solicitan transferencias sucesivas bajo distintos conceptos. Cuando el usuario advierte la situación, el daño ya está hecho.

Sería un error analizar estos casos solo desde el derecho penal. Estas estafas no nacen únicamente de la voluntad del delincuente. Se incuban en un escenario más amplio: tarifas en aumento sostenido, procesos administrativos complejos, falta de canales ágiles de respuesta y usuarios con necesidad urgente de regularizar su situación.

En ese contexto, la oferta ilegal encuentra terreno fértil. No se trata solo de engaño, sino de vulnerabilidad económica convertida en oportunidad delictiva.

Cuando un usuario prefiere acudir a un intermediario informal antes que al canal oficial, hay una señal clara: el sistema dejó de ser confiable o accesible para resolver el problema en tiempo y forma. A eso se suma otro factor crítico: la circulación de datos y la falta de controles eficaces.

Endurecer sanciones puede ser parte de la respuesta, pero no la solución central. Estas estafas ya no son hechos aislados: son parte de una dinámica estructural que combina crisis económica, digitalización y debilidad institucional.

La discusión de fondo pasa por mejorar los canales oficiales de atención, garantizar la seguridad de los datos, implementar alertas tempranas y desarrollar campañas masivas de prevención.

Las estafas vinculadas a servicios públicos no son un fenómeno marginal. Son el síntoma de un sistema bajo presión, donde el usuario queda expuesto entre tarifas en alza y respuestas insuficientes.

Si no se interviene sobre las causas, el problema va a seguir escalando. Porque cuando la necesidad aprieta, el riesgo aumenta. Y donde hay necesidad, siempre aparece alguien dispuesto a convertirla en negocio.

(Miguel Francisco Paz Abogado especialista en regulación energética y derecho del consumidor)