El viernes, a requerimiento del Ministerio Público Fiscal (MPF), se llevó a cabo una audiencia de formulación de cargos y solicitud de medidas cautelares contra tres empleados del Instituto de Previsión y Seguridad Social (IPSS) de Tucumán, con sede en calle Las Piedras 530 de San Miguel de Tucumán, por una presunta red de falsificación de documentos que operaba al interior del organismo previsional.

La investigación, a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos liderada por Mariana Rivadeneira y representada en la audiencia por el auxiliar de fiscal Leandro Abdala, atribuye a los acusados los delitos de defraudación a la administración pública en concurso real con defraudación en grado de tentativa y falsificación de instrumento público, en calidad de presuntos coautores. Durante el procedimiento, uno de los imputados fue aprehendido en la terminal de ómnibus de la capital tucumana mientras intentaba abordar un viaje con destino a la provincia de Córdoba, luego de no haber sido localizado en un allanamiento realizado esa misma jornada.

La mecánica del engaño

De acuerdo con la acusación fiscal, desde enero de 2026 los tres sospechosos habrían actuado de manera coordinada para ofrecer a afiliados del IPSS la obtención de Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) fraguados a cambio de dinero, garantizando a las víctimas cobertura integral de prácticas médicas, cirugías y prótesis. Los documentos eran confeccionados de forma apócrifa y entregados previo pago de sumas variables —en cuatro casos documentados, el monto total ascendió a 1.950.000 pesos—. Posteriormente, los propios empleados insertaban esos certificados irregulares en expedientes administrativos reales dentro del organismo.

Aprovechando sus roles institucionales, los imputados facilitaban la tramitación de esas solicitudes: desde el ingreso de la documentación hasta su paso por la instancia de auditoría médica. En algunas ocasiones lograron la aprobación de prestaciones y la autorización de intervenciones quirúrgicas o entrega de prótesis. La maniobra fue detectada por las autoridades del propio IPSS al advertir anomalías en ciertos expedientes. Si bien en algunos casos se interrumpió el circuito a tiempo, en otros las prestaciones ya habían sido autorizadas, lo que generó un perjuicio económico estimado en 27.904.918 pesos. Para el Ministerio Público Fiscal, los acusados falsificaron documentación pública y provocaron un error inducido en los funcionarios del organismo, quienes terminaron aprobando trámites sustentados en información fraudulenta.

Medidas cautelares y declaración de causa compleja

Con el objetivo de garantizar el normal avance del proceso, la fiscalía solicitó la prisión preventiva por seis meses al considerar vigentes los riesgos procesales de fuga y obstaculización de la investigación. Además, Abdala pidió que la causa fuera declarada como asunto complejo, pedido que fue aceptado por la jueza interviniente por un plazo de un año.

En cuanto a las medidas de coerción, la magistrada dispuso un tratamiento diferenciado. Para uno de los implicados ordenó la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario por dos meses, con monitoreo mediante dispositivo electrónico. Respecto de los otros dos imputados, resolvió aplicar medidas de menor intensidad consistentes en reglas de conducta y el pago de una caución de 3 millones de pesos por cada uno.