La Justicia de Tucumán se mantiene en estado de alerta luego de que se difundieran acciones de hostigamiento, difamación e intimidación contra jueces y fiscales, materializadas a través de panfletos y afiches colocados tanto en la provincia como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Frente a esta situación, la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT) manifestó su rechazo categórico a cualquier modalidad de escrache, amenaza o presión dirigida a integrantes del Poder Judicial.

Desde la entidad señalaron que, en el marco de un sistema democrático, los fallos judiciales pueden ser objeto de cuestionamientos mediante los canales institucionales correspondientes y en un clima de respeto. Sin embargo, advirtieron que las manifestaciones violentas o intimidatorias resultan inadmisibles cuando apuntan a quienes ejercen funciones judiciales.

Asimismo, la AMT sostuvo que las acciones de persecución personal y amedrentamiento afectan de manera directa el Estado de Derecho, al tiempo que subrayó que la independencia judicial constituye una garantía para la ciudadanía y no un beneficio corporativo. En esa línea, indicaron que cualquier intento de debilitar ese principio repercute en la protección de los derechos de la población.

La postura fue respaldada por la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM), que expresó su total apoyo al pronunciamiento de la entidad tucumana y manifestó su solidaridad con los magistrados y fiscales involucrados en los hechos denunciados.

La federación también repudió los episodios recientes de intimidación anónima, al considerar que no se encuadran dentro del ejercicio legítimo de la libertad de expresión, sino que constituyen un ataque a las instituciones y un intento de interferir en el desempeño independiente de la función judicial.

En ese sentido, la FAM coincidió en que la autonomía de jueces y fiscales es una condición esencial para garantizar los derechos de la ciudadanía, y advirtió que las prácticas de estigmatización y presión comprometen el funcionamiento del sistema democrático.

Finalmente, el organismo instó a las autoridades competentes a adoptar las medidas necesarias para asegurar el normal desarrollo de la actividad judicial, y reclamó que magistrados y funcionarios puedan ejercer sus tareas con plena libertad, independencia e integridad, en resguardo del orden constitucional y legal.