La investigación judicial por los reiterados episodios de intimidación en colegios de la provincia ingresó en una nueva fase. El Ministerio Público Fiscal convocó a los padres de los menores que habrían realizado pintadas y difundido mensajes amenazantes, y les anticipó la posibilidad de que deban hacerse cargo de los gastos que generaron los operativos de seguridad desplegados.

La Unidad Especializada de Delitos Complejos, a cargo de la fiscal Mariana Rivadeneira, lidera las actuaciones. En las reuniones mantenidas con los progenitores, la funcionaria les detalló la magnitud de los hechos y las consecuencias sobre el sistema educativo y las arcas estatales.

Desde la sede fiscal remarcaron que este tipo de conductas no pueden ser calificadas como travesuras menores. Cada amenaza provocó la evacuación de establecimientos, la movilización de personal de Criminalística y de la división de Delitos Telemáticos, además de la intervención de autoridades judiciales y educativas. Todo ese andamiaje implicó un importante consumo de recursos logísticos y económicos.

Responsabilidad civil de las familias

Fuentes vinculadas a la causa señalaron que, aunque la edad de los involucrados podría eventualmente obstaculizar la aplicación de penas penales dentro del régimen de minoridad, eso no exime a los padres de su responsabilidad en el ámbito civil. En esa línea, el MPF evalúa impulsar acciones legales para que las familias indemnicen al Estado por los costos irrogados por los operativos.

Voceros judiciales explicaron que “la autoridad puede instar acciones tendientes a resarcir la erogación de gastos que produjo el supuesto ilícito”. Con ese criterio, se abre la posibilidad de demandas civiles para recuperar el dinero invertido en patrullajes, pericias tecnológicas y jornadas de suspensión de actividades escolares.

Un mensaje con efectos prácticos

La decisión apunta a construir un antecedente firme frente a una situación que encendió las alarmas en la comunidad educativa. En las últimas semanas, una seguidilla de intimidaciones forzó la activación de los protocolos de emergencia en numerosas escuelas tucumanas. El impacto operativo fue alto y la continuidad de las clases se vio directamente afectada.

El despliegue incluyó controles en los accesos a los colegios, presencia policial sostenida y tareas de rastreo digital para localizar a los responsables. En este escenario, la Justicia no solo busca esclarecer cada episodio, sino también desalentar nuevas amenazas mediante sanciones económicas que recaigan sobre los adultos responsables.

Mientras las pesquisas siguen su curso, el objetivo prioritario es contener la situación y devolver la calma a las aulas, en un contexto donde las intimidaciones dejaron de ser eventos aislados para transformarse en un fenómeno extendido en toda la provincia.