La Cámara Federal de Casación Penal emitió este viernes una resolución que ordena poner en marcha el proceso de decomiso de los activos de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y de otros condenados en la denominada causa Vialidad. El fallo, suscripto por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, busca recuperar fondos que la Justicia determinó fueron desviados mediante un entramado de contratos irregulares de obra pública en la provincia de Santa Cruz.

La decisión judicial alcanza aproximadamente a veinte propiedades vinculadas a la actual titular del Partido Justicialista y a sus dos hijos. Además, se extiende a más de ochenta inmuebles pertenecientes al resto de los implicados en el expediente, entre ellos el empresario Lázaro Báez y las firmas asociadas a su grupo económico.

Un paso más en la condena firme

Esta medida se inscribe en el marco de una sentencia que ya adquirió el carácter de firme. Cristina Kirchner cumple actualmente prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución, tras ser condenada a seis años de reclusión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La pena incluye, además del encierro, el decomiso de bienes con el propósito de resarcir al Estado nacional por el monto considerado como sustraído ilegalmente.

La cifra que debe restituirse asciende a varios millones de pesos, actualizados a lo largo del tiempo por los efectos de la inflación y los intereses. Esa actualización llevó a que el patrimonio de los sentenciados resulte insuficiente para cubrir el total adeudado, lo que motivó la necesidad de ejecutar los bienes en forma ordenada.

El reclamo de la defensa

Los abogados que representan a la ex mandataria y a sus hijos presentaron objeciones a la disposición del tribunal de casación. Argumentaron que varias de las propiedades alcanzadas por el decomiso, especialmente las que pertenecen a Máximo y Florencia Kirchner, fueron recibidas por herencia de su padre, el fallecido ex presidente Néstor Kirchner, o mediante cesión efectuada en 2016. Sostuvieron también que algunos de esos inmuebles fueron adquiridos con anterioridad al período en el que se desarrollaron las maniobras ilícitas investigadas en la causa.

El destino de los bienes

Una vez que los activos sean efectivamente decomisados, pasarán a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Será el máximo tribunal el encargado de administrar esos bienes y, eventualmente, de disponer su venta en los mecanismos que establece la ley para estos casos. El producido de esas operaciones se destinará a cubrir el monto de la reparación económica fijada en la condena.

El trasfondo de la causa Vialidad

El expediente conocido como “Vialidad” demostró, según la sentencia, la existencia de un esquema sistemático de corrupción montado en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. La maniobra consistía en la asignación recurrente de contratos viales a empresas del empresario Lázaro Báez, con la intervención de funcionarios públicos. Las licitaciones incluían sobreprecios, y muchas de las obras quedaron inconclusas o fueron ejecutadas con deficiencias de calidad, generando un perjuicio patrimonial para el Estado.