El informe anual de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) correspondiente a 2025 trazó un panorama desigual en materia de juicios laborales a lo largo del territorio argentino. Mientras el sistema nacional afrontó un sobrecosto total de USD 2.140 millones derivados de 127.700 demandas, la provincia de Tucumán se destacó como una de las regiones con menor conflictividad judicial y una estructura de tribunales más equilibrada del país.

El documento califica a Tucumán dentro de las jurisdicciones de “bajo” nivel de riesgo. Los números respaldan esa clasificación: la provincia registró apenas USD 3,3 millones en sobrecostos laborales, una cifra marginal si se compara con los USD 892 millones que debe absorber la provincia de Buenos Aires, el distrito más afectado.

Uno de los indicadores más relevados por la SRT es el denominado “índice de composición de judicialidad”, que mide la incidencia de juicios especulativos —aquellos que terminan sin incapacidad acreditada, son rechazados por la justicia o nunca fueron denunciados ante la aseguradora—. En este rubro, Tucumán presenta uno de los valores más reducidos del país: 25,8 puntos. La diferencia con otras provincias de la misma región del Noroeste es abismal. Por caso, Jujuy alcanza un índice de 238, casi diez veces superior.

Qué revela la calidad de los litigios

El informe de la SRT pone especial énfasis en la calidad de los procesos judiciales y no solo en su cantidad. Bajo la premisa de que analizar la composición de la judicialidad —es decir, ponderar los rechazos, las causas sin incapacidad y aquellas no denunciadas— enriquece el diagnóstico, el organismo sostiene que así se puede determinar no solo dónde hay más juicios, sino también qué tan “sanos” o “distorsionados” son esos litigios.

En este aspecto, Tucumán se distancia de la tendencia observada en los grandes conglomerados urbanos, donde abundan las demandas sin respaldo real. En contraste con la “salud” del sistema tucumano, la SRT advirtió que varias jurisdicciones calificadas como de riesgo alto presentan además valores muy elevados de composición, lo que evidencia una fuerte presencia de juicios especulativos.

Los casos críticos incluyen a Mendoza con un 92,9%, Santa Fe con 92,6%, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 90% y la provincia de Buenos Aires con 88%. Incluso en distritos con baja cantidad de pleitos, como Catamarca o Corrientes, se detectaron altos porcentajes de casos con posible componente especulativo.

Concentración en el AMBA y disparidades regionales

El estudio también revela una alta concentración de la litigiosidad en las zonas de mayor actividad económica. Los distritos clasificados como de “alto riesgo” nuclean al 70,6% de los empleados formales y al 71,2% del total de las demandas. En términos absolutos, Buenos Aires lidera el ranking con 49.100 presentaciones. Le siguen CABA con 25.061 y Santa Fe con 18.324.

El impacto económico por trabajador también exhibe anomalías extremas. En la región de Cuyo, San Luis se perfila como el caso más atípico del país: registra un sobrecosto por trabajador de USD 837, una cifra que pulveriza los promedios de sus vecinos San Juan (USD 65) y Mendoza (USD 360). En la Patagonia, Chubut duplica en judicialidad a Neuquén y supera ampliamente a Río Negro, lo que evidencia comportamientos dispares dentro de zonas geográficas similares.

Hacia una modernización del sistema

Para mitigar el impacto total de la litigiosidad —que equivale a la masa salarial anual de 154.000 trabajadores argentinos—, la SRT insiste en que la solución definitiva reside en “aplicar la normativa vigente”. El organismo subraya la importancia de la Ley 27.348, que exige la conformación de Cuerpos Médicos Forenses en cada provincia con profesionales cuyos honorarios no dependan del resultado del pleito.

Finalmente, el informe destaca que la reciente Ley 27.802 de modernización laboral otorga nuevas facultades y plazos a la Superintendencia para acelerar la implementación de estos mecanismos de control. El objetivo es reducir la carga económica que actualmente soportan la industria y el empleo como consecuencia del exceso de juicios especulativos.