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21 de abril de 2026

Subsidios al gas: el Ejecutivo traspasó al Palacio de Hacienda la facultad de ajustar los recargos sin necesidad de nuevos decretos

La norma busca agilizar la gestión de recursos energéticos. El fondo se nutre de un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte.

El Ejecutivo nacional transfirió al Ministerio de Economía la potestad de ajustar los recargos que alimentan el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, con un margen de suba o baja de hasta el 50 por ciento. La decisión quedó formalizada en el Decreto 266/2026, publicado en el Boletín Oficial.

Ese fondo se nutre actualmente de un recargo que puede llegar al 7,5% sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), calculado por cada metro cúbico consumido en todo el territorio nacional. El dinero recaudado se utiliza para aliviar el costo de las boletas de gas en las zonas frías del país.

La normativa vigente establece que este esquema de asistencia para usuarios residenciales tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031. Ahora, con el nuevo decreto, el Palacio de Hacienda podrá modificar los porcentajes de esos recargos sin necesidad de una nueva intervención del Poder Ejecutivo.

Agilizar la gestión de recursos energéticos

En los fundamentos del decreto, el Gobierno argumentó que el traspaso de facultades al área dirigida por el ministro de Economía resulta “impostergable para una mejor gestión de gobierno”. El texto oficial señala que se busca una “mejor administración que permita concretar las metas políticas diagramadas” en materia energética.

La recaudación y el control de los fondos quedarán a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). De esta manera, el Ministerio de Economía queda habilitado a realizar cambios en los costos que financian los subsidios al gas sin demoras ni trámites administrativos adicionales.

La medida fue procesada por la agencia de noticias oficial y se inscribe en una serie de decisiones orientadas a concentrar en la cartera económica herramientas de ajuste fino sobre las tarifas de los servicios públicos.

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