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21 de abril de 2026

Apartan a un juez federal de la causa contra “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino por una presunta operación inmobiliaria con el tesorero de la AFA

La Cámara Federal de Tucumán hizo lugar a una recusación del fiscal Pedro Simón. El juez Sebastián Argibay había estado vinculado a una venta de un campo valuado en $200 millones que se escrituró por solo $20 millones.

La investigación contra las máximas autoridades del fútbol argentino sufrió un giro procesal de magnitud. La Cámara Federal de Tucumán aceptó la recusación del fiscal y ordenó la salida del juez que venía manejando el expediente en el que se pide la detención del presidente de la AFA y su tesorero.

El magistrado excluido es Sebastián Argibay, quien tenía competencia en la causa desde el tribunal de Santiago del Estero. El fiscal Pedro Simón había solicitado su apartamiento al considerar que existía un riesgo de parcialidad. El elemento central que esgrimió la acusación pública fue una operación inmobiliaria previa entre Argibay y Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA.

Los registros del expediente indican que esa transacción involucró una finca con un valor de mercado estimado en 200 millones de pesos. Sin embargo, la escritura pública se habría firmado por un importe cercano a los 20 millones. Esa discrepancia fue el argumento principal que utilizó la Cámara para remover al juez.

El expediente busca definir nuevo magistrado

Con la vacante que dejó Argibay, el panorama procesal se complicó. El otro juez federal con asiento en la provincia, Guillermo Molinari, no está en condiciones de hacerse cargo porque se encuentra de licencia por problemas de salud. Ante esa situación, fuentes vinculadas a la causa confirmaron que la asignación del nuevo magistrado se resolverá mediante un sorteo.

La Cámara Federal de Tucumán tiene competencia también sobre los tribunales de Santiago del Estero y Catamarca. Por lo tanto, el azar determinará si el expediente continúa en su provincia de origen o si se traslada a cualquiera de las otras dos jurisdicciones.

Los delitos que se investigan

El expediente apunta a una presunta estructura de lavado de dinero y asociación ilícita. La fiscalía sostiene que desde el entorno de Toviggino se habrían montado diversas sociedades y mecanismos financieros para desviar fondos, con epicentro en la provincia de Santiago del Estero.

El dictamen del fiscal Simón incluye un pedido concreto de detención para Tapia, Toviggino y una veintena de personas que operarían como testaferros o prestanombres. Al tesorero de la AFA, además, lo señala como el presunto jefe de la organización criminal.

Transferencias millonarias del gobierno provincial

Uno de los puntos más relevantes de la investigación apunta a los vínculos entre el gobierno de Gerardo Zamora y una empresa de seguridad denominada SEGON SRL. Según el fiscal, la provincia habría girado más de 1.243 millones de pesos a esa firma en el lapso de dos años. La empresa estaría ligada al círculo más cercano de Toviggino.

En junio de 2024, SEGON se adjudicó una licitación para brindar seguridad en el Hospital Regional Ramón Carrillo de la capital santiagueña. El contrato establecía un pago de 380.160.000 pesos por doce meses de servicio. Sin embargo, las transferencias comenzaron cinco meses antes de la firma del decreto de adjudicación y superaron ampliamente ese techo: 633,5 millones en 2024 y otros 609,3 millones en 2025.

La investigación se inició en diciembre de 2025 a raíz de una denuncia que acusaba al gobernador Zamora de haber desviado recursos públicos para favorecer supuestos negocios de Toviggino.

El mecanismo de la “cuenta puente”

Los extractos bancarios de SEGON en el Banco de Santiago del Estero se convirtieron en una prueba clave. El fiscal detectó que el dinero que ingresaba a esa cuenta salía casi de inmediato. “La cuenta funciona como una ‘cuenta puente’”, escribió Simón en su dictamen. Recibe fondos públicos y de la AFA, y luego el 95% de esos montos se transfiere a otra cuenta de la misma empresa en una entidad financiera diferente.

Esa maniobra, según el fiscal, tiene un propósito claro: “dificultar la trazabilidad directa del destino final del dinero”. Los pagos a empleados, los gastos operativos y el grueso de la actividad comercial real no se canalizan por esa cuenta, sino por la otra, lo que oscurece el rastro de los fondos.

Además del gobierno provincial, la Municipalidad de Frías también aparece como fuente de ingresos para SEGON. Y la propia AFA transfirió dinero directamente a la empresa: 22 operaciones en 2024 y 14 en 2025, con montos que fueron de 36 a 62 millones de pesos por cada una. En total, la Asociación del Fútbol Argentino habría girado a la cuenta de SEGON en el Banco de Santiago del Estero la suma de 1.328.266.369,20 pesos.

Lo que viene

La Cámara Federal de Tucumán debe ahora organizar el sorteo que definirá al nuevo juez. Ese magistrado recibirá un expediente con una hipótesis fiscal ya consolidada y con un pedido de detención sobre la mesa. El nombre del reemplazante y la provincia desde la que actuará se conocerán en los próximos días. Mientras tanto, la investigación permanece en un compás de espera, a la espera de que la definición judicial despeje el camino para continuar.

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