A exactamente un mes de los comicios que definirán al nuevo rector y a las autoridades de las 13 facultades, la Universidad Nacional de Tucumán transita una etapa de fuerte tensión interna. Impugnaciones cruzadas, recursos judiciales y lecturas enfrentadas del flamante estatuto marcan el pulso de la campaña.

El cronograma aprobado por la Asamblea Universitaria sigue su curso. Las listas se oficializan y las 13 unidades académicas organizan los detalles logísticos de los comicios. Sin embargo, el nuevo marco normativo que rige la elección abrió un debate de fondo: ¿cuántos mandatos consecutivos pueden ejercer consejeros y autoridades?

Esa pregunta llegó en las últimas horas al terreno estudiantil. Un alumno de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología presentó un escrito ante la Junta Electoral para impedir que se oficialice la postulación de Pablo Almeda, candidato a consejero estudiantil por Franja Morada. El argumento central es que Almeda ya habría completado dos períodos consecutivos y, por lo tanto, no estaría habilitado para buscar un tercero.

La impugnación fue impulsada por Benjamín Racedo Sollazzo, quien se desempeña como apoderado suplente de una de las listas de esa unidad académica. Según el planteo, Almeda ocupó el cargo de consejero estudiantil entre el 6 de junio de 2024 y el 14 de mayo de 2025, y luego inició un segundo mandato que se extiende hasta el 14 de mayo de 2026. El recurso señala que tanto el artículo 46 del estatuto vigente como el antiguo artículo 48 establecen que los consejeros solo pueden ser reelegidos una vez de manera continua.

Por el momento, la Junta Electoral no se pronunció. Fuentes del ámbito universitario indicaron que la resolución es inminente, ya que el proceso de oficialización de candidaturas está en marcha y este jueves se definirá el orden de las agrupaciones en la boleta única de papel.

Este conflicto no es el único que sacude la campaña. En paralelo, la fórmula integrada por Miguel Cabrera y Virginia Abdala presentó un pedido para impedir que el actual rector, Sergio Pagani, pueda ser candidato. Ese sector sostiene que Pagani ya ejerció dos períodos consecutivos y que una nueva postulación vulneraría el estatuto. La impugnación fue elevada tanto a la Junta Electoral como a la Justicia Federal.

En el ámbito judicial, el apoderado de los candidatos solicitó una medida cautelar para que no se recepten, tramiten, acrediten, exhiban ni oficialicen candidaturas que contradigan los artículos 17 y 190 del nuevo estatuto, con mención explícita al caso del rector actual.

Dentro de la comunidad universitaria, las interpretaciones están divididas. Algunos sectores sostienen que la reforma estatutaria habilita a todos los actuales dirigentes a competir nuevamente. Otros, en cambio, entienden que los límites a la reelección son claros y deben aplicarse.

Un dato que no pasó desapercibido es que el estudiante que objetó la candidatura de Almeda pertenece a la misma facultad donde Miguel Cabrera se desempeña como decano. Cabrera es uno de los principales impulsores de la postura que rechaza nuevas reelecciones para quienes ya cumplieron dos mandatos.

A pesar de las controversias, el calendario electoral se mantiene sin cambios. Entre el 5 y el 7 de mayo, cada facultad elegirá consejeros y asambleístas. El 14 de mayo, los Consejos Directivos designarán a decanos y vicedecanos; la exhibición de fórmulas para esos cargos ya comenzó y el período de impugnaciones se extenderá hasta el próximo lunes, bajo supervisión de la Junta Electoral. La asunción de autoridades por unidad académica está prevista para el 18 de mayo.

En cuanto al Rectorado, la oficialización de fórmulas será el 14 de mayo y la votación quedó fijada para el 20 de ese mes a partir de las 9. Según el nuevo estatuto, la Asamblea Universitaria que elegirá rector y vicerrector estará integrada por 161 miembros, con representantes de estamentos que antes no tenían participación.

La toma de posesión de las nuevas autoridades se concretará el 28 de mayo. Hasta entonces, la casa de altos estudios deberá resolver, en tiempo récord, las impugnaciones y los recursos judiciales que ya tensionan una elección definida por interpretaciones jurídicas y una creciente disputa política.