El Gobierno Nacional habilitó este lunes la instalación de tecnología para detectar y bloquear teléfonos móviles dentro de establecimientos penitenciarios federales, en un intento por desactivar las redes criminales que operan desde prisión.

La medida quedó formalizada a través de la Resolución 336/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva. La norma autoriza al Servicio Penitenciario Federal (SPF) a poner en funcionamiento dispositivos capaces de identificar celulares activos en el interior de las cárceles y anular su operatividad.

El antecedente que motorizó la decisión es contundente. En la Unidad Penal N° 35 de Magdalena funcionaba una organización conocida como la banda del “call center carcelario”, integrada por presos que llegaron a estafar a jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de San Isidro. “Páseme el código, quédese tranquilo”, decía uno de los audios que formaron parte de la investigación.

Ese caso no fue aislado. En los últimos años, diversas causas judiciales demostraron que desde distintas prisiones se coordinaron estafas telefónicas, amenazas a víctimas y planificación de robos. En varios de esos esquemas, los internos utilizaban los teléfonos como si se tratara de un centro de llamadas clandestino.

La nueva resolución apunta directamente a ese fenómeno. El texto oficial advierte que es necesario “impedir que las organizaciones criminales con miembros alojados en establecimientos penitenciarios federales utilicen dispositivos de comunicación móvil para planificar y coordinar maniobras ilícitas”.

A diferencia de los sistemas de inhibición que se usaron en el pasado, esta tecnología promete ser más quirúrgica. Los inhibidores tradicionales solían bloquear toda la señal en un radio amplio, afectando también a los vecindarios cercanos a las cárceles. En cambio, los nuevos dispositivos están diseñados para detectar los teléfonos en uso dentro del penal y anularlos de manera puntual, sin interferencias en el exterior.

El desafío técnico no es menor. La implementación no será automática: detectar un equipo, identificarlo y bloquearlo requiere un proceso constante de monitoreo. Aunque los secuestros de celulares en las prisiones son frecuentes, la posibilidad de operar desde adentro nunca había sido desactivada por completo.

Con esta herramienta, el Ejecutivo Nacional busca dar un salto cualitativo en el control de las comunicaciones ilegales tras las rejas. La resolución de este lunes sienta las bases para que el SPF despliegue la tecnología en las cárceles federales, con la mira puesta en desbaratar las estructuras criminales que encontraron en un teléfono su principal aliado para seguir delinquiendo.