El secretario de Movilidad Urbana de la capital tucumana, Carlos Arnedo, anunció que el municipio no incrementará los aportes económicos destinados al sistema de transporte público, en medio de una crisis que se profundizó en las últimas semanas con reclamos empresariales y reducciones de servicios. Tras una nueva reunión con representantes del sector, el funcionario planteó que la prioridad actual es mejorar la calidad del servicio para los usuarios y avanzar en una “racionalización” que permita reducir costos.

Arnedo detalló que el sistema recibe actualmente importantes sumas de dinero de distintas jurisdicciones. Solo por parte del municipio, los aportes —que incluyen atributos sociales, boleto educativo y subsidios— alcanzan los 1.500 millones de pesos. A eso se suman unos 4.900 millones mensuales que gira la Provincia y un adelanto reciente de 2.000 millones adicionales. Sin embargo, el secretario cuestionó que ese esfuerzo económico “no se traduce en una mejora del servicio”.

Uno de los puntos centrales de su crítica apuntó a la diferencia entre las unidades declaradas y las que realmente circulan. Según un relevamiento reciente, las empresas perciben subsidios por 377 colectivos, pero solo se detectaron 228 en funcionamiento. “Necesitamos saber cuál es el estado real del sistema para tomar decisiones”, señaló Arnedo.

En ese marco, el municipio reiteró el pedido a las empresas para que presenten información detallada sobre su situación operativa y financiera. La exigencia fue cursada hace casi dos meses, pero hasta el momento solo tres de las catorce líneas urbanas cumplieron con el requerimiento.

El funcionario también se refirió al esquema normativo que rige el servicio. Calificó como “anacrónico y obsoleto” el sistema actual de permisos precarios, que data de 2019, y anticipó la necesidad de avanzar hacia una licitación pública del transporte urbano.

Las partes volverán a encontrarse el próximo miércoles 22 de abril. El encuentro se dará en un clima de tensión, con conflictos latentes entre empresarios y trabajadores, sumados a la crisis económica general que afecta al sector. Desde el municipio aseguran que el objetivo es garantizar un servicio eficiente, mientras los usuarios enfrentan incertidumbre sobre la continuidad y la calidad de las prestaciones.