El sistema de transporte público de Tucumán atraviesa una fase crítica. Luego de una reunión en el Ministerio de Economía provincial, comenzó a tomar forma una medida de emergencia: un anticipo de 2.000 millones de pesos en concepto de futuras compensaciones tarifarias, destinado a mitigar el impacto del fuerte incremento en el precio del gasoil.

El combustible aumentó en pocas semanas desde aproximadamente 1.400 hasta cerca de 2.500 pesos por litro, lo que desajustó por completo la estructura de costos de las empresas prestadoras del servicio. Como reacción, las compañías redujeron las frecuencias y advirtieron sobre posibles ajustes más profundos.

El aporte provincial funciona como un puente financiero para sostener el sistema en el corto plazo, más que como una solución definitiva. Según fuentes cercanas a la negociación, el desembolso permitiría cubrir parte del mayor costo operativo vinculado al gasoil y evitar, al menos temporalmente, una profundización del conflicto que amenaza con paralizar el servicio.

Sin embargo, el alivio sería transitorio. En la Casa de Gobierno ya anticipan que la discusión de fondo quedará para la próxima semana, cuando funcionarios y empresarios retomen las negociaciones para un rediseño integral del esquema actual, considerado inviable tanto por el sector privado como por el Estado.

La asistencia económica por parte de la Provincia alcanzará a todas las líneas y empresas que operan tanto en la Capital como en el interior. Mientras tanto, el Municipio de San Miguel de Tucumán mantiene una postura firme. La intendenta Rossana Chahla ya dejó claro que no habrá nuevos subsidios sin una reestructuración “eficiente”. Desde su equipo remarcaron que las empresas aún no presentaron información clave sobre costos y recorridos, y que la decisión política es no seguir inyectando fondos sin cambios de fondo.

En los hechos, la reducción de unidades en circulación —de 377 a apenas 250— ya impacta en la experiencia cotidiana de los usuarios, especialmente durante las horas pico.

El frente sindical añade presión al escenario. Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) advierten que hay 3.100 puestos de trabajo en riesgo y denuncian atrasos salariales significativos: los choferes aún no percibieron la totalidad de los haberes de marzo y arrastran una deuda cercana a los 650.000 pesos por trabajador. La amenaza de medidas de fuerza sobrevuela como telón de fondo.

En esa línea, el anticipo de 2.000 millones de pesos puede evitar un colapso inmediato, pero no despeja la incógnita de fondo: cuánto tiempo más puede sostenerse un esquema que, a todas luces, ya no cierra.