La investigación por el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este miércoles un nuevo capítulo con la declaración de la escribana que certificó tres de sus operaciones inmobiliarias. Adriana Mónica Nechevenko se presentó ante el fiscal federal Gerardo Pollicita y reveló detalles hasta ahora desconocidos sobre las condiciones de pago de las viviendas adquiridas por el funcionario.

Según fuentes judiciales a las que accedió Infobae, la escribana confirmó que Adorni compró el departamento ubicado en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, con un esquema de financiación particular. El funcionario entregó un adelanto de 30.000 dólares y acordó abonar los 200.000 restantes en el plazo de un año, sin ningún tipo de interés. Las vendedoras fueron las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quienes estaban citadas a declarar este jueves, aunque la audiencia se suspendió a pedido del abogado defensor de Adorni, Matías Ledesma.

Nechevenko afirmó ante la fiscalía que desconoce el origen de los fondos que utilizó el jefe de Gabinete para concretar las tres compras en las que ella intervino: además del departamento de Caballito, una vivienda en el barrio privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, y otro inmueble en la calle Asamblea, en Parque Chacabuco.

Una hipoteca con interés del 11%

En el caso del departamento de Asamblea, la operatoria fue diferente. Allí, Adorni accedió a un préstamo hipotecario de 100.000 dólares otorgado por la comisaria retirada de la Policía Federal Graciela Isabel Molina y su hija Victoria Cancio, también integrante de la fuerza. Según el testimonio de la escribana, Molina es acreedora del 85% de ese crédito y Cancio del 15% restante. La devolución se pactó en 24 cuotas mensuales con un interés del 11%.

Esa transacción se rubricó en noviembre de 2024, la misma época en que Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, adquirieron la casa en el country Indio Cuá.

La escribana se desligó del origen de los fondos

Al salir de la Fiscalía, Nechevenko atendió a la prensa y aclaró un punto que consideró relevante: “No hubo ningún préstamo de dinero” a Adorni. En rigor, explicó, lo que existieron fueron “compraventas con hipotecas por saldo de precio”. Sobre la procedencia del dinero del funcionario, la escribana se desligó por completo: “Hay que preguntarle a Adorni de dónde sacó el dinero”.

Con esta declaración, la investigación que conduce Pollicita avanzará hacia un nuevo objetivo: determinar cuánto dinero destinaban mensualmente Adorni y su esposa al pago de sus deudas y contrastar ese flujo con los ingresos declarados por el jefe de Gabinete.

Allanamientos en tres sedes de una inmobiliaria

Paralelamente, el juez federal Ariel Lijo ordenó allanar tres oficinas de Rucci Propiedades, la inmobiliaria que intermedió en la venta del departamento de Caballito. Los operativos se realizaron este miércoles en las sedes que la empresa tiene en los barrios porteños de Liniers, Mataderos y Villa del Parque.

La Justicia busca “la totalidad de la documentación, constancias, registros y soportes físicos o digitales vinculados con la comercialización y escrituración del inmueble de la calle Miró 550”. El requerimiento incluye avisos, fotografías, descripciones comerciales, tasaciones, valuaciones, reservas de compra, boletos de compraventa, recibos y constancias de pago.

También se solicitaron comunicaciones: correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, registros de contacto, planillas y archivos digitales mantenidos entre el vendedor, el escribano, los compradores o terceros vinculados a la operación.

La pista del “Pablo” que apareció en la venta

El allanamiento fue ordenado después de la declaración testimonial del exfutbolista Hugo Alberto Morales, quien fue el primer dueño del departamento. Morales se presentó el martes y relató que en mayo de 2025 le vendió la unidad a las jubiladas Sbabo y Viegas, pero señaló que esas dos mujeres realizaron la operación acompañadas por dos hombres aún no identificados. Uno de ellos, según el exdeportista, se llamaría “Pablo”.

Los investigadores creen que mediante los papeles secuestrados en la inmobiliaria podrán dar con esa persona. Por eso, el juez Lijo también requirió su nombre completo, DNI, domicilio, teléfono, correo electrónico, su vínculo con la empresa y el rol que desempeñó en la compraventa.

La causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Adorni sumó así nuevas aristas, con una escribana que detalló las condiciones de pago pero se desligó del origen del dinero, y una inmobiliaria allanada en busca de un testigo clave llamado “Pablo”.