La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que pesa sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este miércoles un nuevo capítulo con la citación a declarar de la escribana que certificó dos de sus operaciones inmobiliarias más relevantes. Se trata de Adriana Mónica Nechevenko, quien deberá presentarse a las 10 de la mañana en la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita.

El objetivo de la convocatoria es que la profesional, bajo juramento de veracidad, detalle su participación en la compra de una casa ubicada dentro del club de campo Indio Cua Golf Club, en el partido de Exaltación de la Cruz, y también en la adquisición de un departamento situado en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito.

De acuerdo con los registros oficiales, la operación del inmueble en Caballito fue rubricada el 18 de noviembre de 2025 por un valor de 230.000 dólares. En esa transacción, Adorni solo desembolsó una seña inicial y el saldo restante, 200.000 dólares, lo obtuvo mediante un crédito hipotecario privado otorgado por las dos propietarias vendedoras: Beatriz Viegas y Claudia Sbabo.

En cuanto a la escritura de la casa del country en Exaltación de la Cruz, la firma se concretó también en noviembre de 2025, aunque a nombre de la esposa del funcionario, Julieta Bettina Angeletti.

Un dato que llamó la atención de los investigadores es la frecuencia con la que Nechevenko visitó a Adorni en la Casa Rosada. Según surge del registro de ingreso al palacio gubernamental, la escribana mantuvo al menos siete reuniones con el jefe de Gabinete entre julio de 2024 y septiembre de 2025, un período que coincide con la gestación de las operaciones inmobiliarias bajo la lupa.

La fiscalía ya le solicitó a Nechevenko que entregue toda la documentación vinculada a esas compraventas, con el fin de preparar el cuestionario que se le formulará durante la audiencia testimonial.

Una hipoteca previa que salió a la luz

Mientras avanza el expediente, los pesquisas dieron con una nueva operación financiera que involucra a Adorni. Se trata de un préstamo hipotecario de 100.000 dólares que el funcionario había tomado para adquirir su antigua vivienda familiar, ubicada en la calle Asamblea del barrio porteño de Parque Chacabuco.

En este caso, las prestamistas señaladas son Graciela Isabel Molina de Cancio, una excomisaria de la Policía Federal, y su hija Victoria Cancio, también integrante de la misma fuerza de seguridad.

Cronograma de declaraciones testimoniales

El fiscal Pollicita no solo citó a la escribana. También convocó a las mujeres que actuaron como acreedoras en las distintas hipotecas. Para mañana jueves están citadas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quienes le prestaron el dinero para el departamento de la calle Miró.

En tanto, el lunes 13 de abril deberán presentarse a declarar Graciela y Victoria Cancio, por el crédito vinculado al inmueble de la calle Asamblea.

El exfutbolista Hugo Morales aportó su versión

Durante la jornada del martes, el exjugador Hugo Morales brindó nuevos detalles sobre el estado del departamento de Miró, donde actualmente reside Adorni. Conectado de manera remota desde la provincia de Corrientes, Morales relató que durante dos años intentó vender esa propiedad por un valor de 250.000 dólares, pero finalmente aceptó una oferta de 200.000.

El exdeportista confirmó que el inmueble se encontraba en malas condiciones y requería múltiples reparaciones. Además, aclaró que su venta no fue directa a Adorni, sino a Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, dos jubiladas que seis meses después le cedieron la propiedad al funcionario mediante un préstamo hipotecario privado.

Medidas de prueba en curso

Pollicita ya ordenó el envío de oficios a los registros de la propiedad inmueble, automotor y a distintas entidades bancarias. La fiscalía sostiene que existen “motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial” del jefe de Gabinete, según consta en el expediente que tramita el juez federal Ariel Lijo.

El mismo magistrado investiga en paralelo a Adorni por un episodio diferente: los vuelos privados a Punta del Este que, presuntamente, habrían sido pagados por el periodista y contratista de la TV Pública Marcelo Grandío.