El presidente Javier Milei ratificó hoy el enérgico rechazo del Estado argentino al proyecto de explotación petrolera Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, a cargo de las empresas Rockhopper Exploration (Reino Unido) y Navitas Petroleum (Israel). El mandatario respaldó así el comunicado emitido por la Cancillería a finales de 2025, que ya había calificado la iniciativa como un “acto unilateral de efectos futuros potencialmente irreversibles”.

El yacimiento, situado a unos 200 kilómetros al norte de Puerto Argentino, tiene el potencial de extraer 500 millones de barriles de petróleo, aunque estimaciones privadas elevan el total del campo a 1700 millones de barriles, lo que lo convertiría en varias veces más grande que el proyecto Rosebank, el mayor desarrollo planificado para el Mar del Norte británico.

El Gobierno argentino sostiene que cualquier exploración o explotación unilateral de recursos naturales en áreas bajo disputa de soberanía viola las resoluciones 2065 (XX), 31/49 y concordantes de Naciones Unidas. Dichos documentos reconocen la existencia de la controversia entre Argentina y el Reino Unido y exhortan a ambas partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras no se alcance una solución negociada.

En su comunicado de finales de 2025, la Cancillería extendió el rechazo a todos los actos asociados al avance hacia la fase productiva, incluyendo la adopción de normativas por parte de las autoridades isleñas y la contratación de proveedores. El texto subrayó que se trata de actividades “ilegales e incompatibles con el ordenamiento jurídico argentino”, en particular con las leyes 26.659 y 26.915, que prohíben operar en la plataforma continental sin permiso nacional.

Además, el Gobierno recordó que ambas empresas ya fueron sancionadas con anterioridad. Rockhopper fue declarada clandestina y suspendida por 20 años mediante resoluciones de 2012 y 2013, mientras que Navitas Petroleum recibió sanciones equivalentes en 2022 por operar sin autorización.

La advertencia oficial incluye a cualquier persona física o jurídica que participe directa o indirectamente en estos emprendimientos: quedarán expuestas a medidas administrativas, legales y judiciales, que van desde restricciones operativas e inhabilitaciones hasta acciones en fueros nacionales e internacionales.

Con la ratificación de Milei este jueves —en el marco del Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas—, el Gobierno argentino profundizará su plan de acción para adoptar todas las medidas necesarias conforme al derecho internacional, y reafirmó sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.