El enfrentamiento judicial entre el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y la diputada nacional Soledad Molinuevo (La Libertad Avanza) sumó este martes un nuevo capítulo con un fallo adverso para la legisladora. El magistrado a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial de la Capital de la V Nominación, Pedro Daniel Cagna, desestimó la petición de la referente libertaria que buscaba frenar de manera transitoria los efectos de una sentencia previa que la obliga a retirar de sus redes sociales las publicaciones cuestionadas por el mandatario provincial.

La resolución conocida hoy confirma la validez de la medida autosatisfactiva dictada en primera instancia, que le exige a Molinuevo eliminar los contenidos que Jaldo califica como ofensivos. La defensa de la diputada había planteado, entre otros argumentos, que el fuero ordinario de Tucumán carece de competencia para intervenir en un caso que involucra a una funcionaria nacional con fueros. También había solicitado que se suspendiera la orden de borrado mientras se tramita una apelación.

Sin embargo, Cagna sostuvo que el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia es explícito en cuanto a que las decisiones amparadas en tutelas autosatisfactivas pueden apelarse, pero sin que ello detenga su cumplimiento. El juez consideró que la norma “no admite interpretaciones que, por vía indirecta, neutralicen su contenido” y advirtió que la ejecución inmediata es parte esencial de este tipo de resoluciones judiciales.

De este modo, el magistrado rechazó el recurso de revocatoria presentado por la diputada y, al mismo tiempo, concedió la apelación subsidiaria que había planteado, por lo que el expediente será elevado a una instancia superior para su revisión.

La abogada que representa al gobernador, Paula Morales Soria, remarcó que Molinuevo se encuentra ahora en la obligación de eliminar las publicaciones objetadas. En caso contrario, advirtió, incurriría en desobediencia judicial.

Paralelamente, la diputada libertaria inició una acción en la Justicia Federal el pasado 26 de marzo, con el objetivo de que el caso sea desprendido del fuero provincial y pase a la órbita federal. Ese pedido aún no tiene resolución.

El origen del conflicto se remonta a un episodio violento ocurrido en La Madrid, donde el diputado provincial Federico Pelli (LLA) fue agredido físicamente con un cabezazo por Marcelo “Pichón” Segura, un empleado municipal de Los Ralos que permanece detenido en la unidad penitenciaria de Benjamín Paz. A raíz de ese suceso, Jaldo impulsó una demanda el 13 de marzo por las expresiones que Molinuevo vertió en redes sociales.

Según consta en la presentación judicial, el mandatario cuestionó que se lo vinculara con el ataque a Pelli, que se lo acusara de tener “prácticas mafiosas” y que se le imputara ser responsable de la seguridad de los integrantes de La Libertad Avanza en la provincia. La querella exigió la remoción de esos mensajes y una disculpa pública.

En la primera sentencia, del 15 de marzo, Cagna ordenó a la diputada borrar las publicaciones y abstenerse de reiterar afirmaciones de hecho similares, aunque no hizo lugar al pedido de disculpas en esa etapa del proceso. La nueva resolución ratifica ese camino.

“La diputada puede opinar lo que quiera sobre la gestión o sobre el gobierno, pero no puede atribuir delitos sin prueba alguna al gobernador”, sostuvo Morales Soria al referirse al trasfondo del reclamo.